http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nid=46081&cat=2
arturo rodríguez garcía
Saltillo, Coah., 23 de noviembre (apro).- El presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPC), Homero Ramos Gloria, respaldó la propuesta del presidente electo Felipe Calderón sobre la reelección legislativa, y fue más allá al proponer que en la entidad, la medida contemple el cargo de gobernador.
En Coahuila ya fue aprobada la reelección desde 2001, pero hace falta la reforma constitucional para que pueda entrar en vigor la reforma local.
Ramos Gloria consideró que la reforma podría ampliarse a la reelección de gobernador; y, por lo pronto, para alcaldes y diputados para la elección intermedia de 2008 en la entidad.
“Si así fuera y entra en tiempo la reforma, claro que se aplicaría la reelección en la entidad y pudiera ser un laboratorio, en esta perspectiva, tomando en cuenta de que la propuesta apenas está en el aire”, expresó.
Para el caso de Coahuila, la legislación electoral establece el 15 de diciembre de 2007, como fecha límite para que entren en vigor reformas legales en materia electoral y puedan aplicarse en las elecciones de 2008.
En 2001, luego de una serie de foros de consulta con organismos ciudadanos y partidos políticos, el congreso de Coahuila rehizo la legislación electoral, para incorporar innovaciones en las alcaldías que, aquí duran cuatro años; la regulación de precampañas; el acortamiento de los tiempos de campaña a un máximo de 35 días en los municipios con mayor población y de 11 en los que tienen menos de 30 mil habitantes; además de cerca de 40 disposiciones novedosas más.
Entre las novedades, contempló la aplicación de la reelección de diputados locales que quedaron pendientes debido a la falta de reforma constitucional.
En Coahuila, la propuesta, no obstante haber sido aprobada por el congreso local, ha sido objeto de crítica dada la trascendencia histórica de la no reelección impulsada por Francisco I. Madero, que inició aquí su movimiento social armado revolucionario de 1910.
Sin embargo, Ramos Gloria consideró que el debate se debe abrir a la brevedad, considerando la participación de los organismos electorales de los estados, así como de los tres poderes, los partidos políticos y la sociedad, con el propósito de alcanzar un consenso sobre el tema, pues dijo que “la reelección es para todos o para nadie”, en referencia a la inclusión del Presidente de la República en la pretendida reforma.
jueves, noviembre 30, 2006
Alienta el odio espot televisivo, denuncia González Garza
http://www.jornada.unam.mx:8080/ultimas/denuncia-gonzalez-garza-que-espot-televisivo-alienta-el-odio/
La Jornada On Line
30/11/2006 11:13
México, DF. El diputado Javier González Garza, coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, denunció este jueves que el espot televisivo que entidades privadas comenzaron a difundir en la noche del miércoles -aparentemente como inserción pagada- tiene el "estilo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)" y alienta el odio.
El legislador acusó al CCE de haber patrocinado la elaboración y difusión del espot televisivo, cuya responsabilidad se atribuye en el corto televisivo una entidad denominada Consejo mexicano de la Juventud, Asociación Civil, de la cual no se tienen antecedentes.
El espot "protesta" contra el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la ocupación de la tribuna en la cámara baja, el martes a las 13:30.
González Garza dijo que la reacción del CCE -como en la campaña electoral presidencial, cuando recurrió a ataques del PRD- es evidencia de que sienten amenazados sus intereses.
En la campaña presidencial, el PRD denunció que el CCE apoyó económicamente la campaña sucia contra el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.
"Las campañas de odio no sirven", dijo González Garza, quien recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que las acciones del CCE fueron ilegales, puesto que no se ajustaron a la normatividad específica en materia de comicios.
La Jornada On Line
30/11/2006 11:13
México, DF. El diputado Javier González Garza, coordinador de la bancada perredista en la Cámara de Diputados, denunció este jueves que el espot televisivo que entidades privadas comenzaron a difundir en la noche del miércoles -aparentemente como inserción pagada- tiene el "estilo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)" y alienta el odio.
El legislador acusó al CCE de haber patrocinado la elaboración y difusión del espot televisivo, cuya responsabilidad se atribuye en el corto televisivo una entidad denominada Consejo mexicano de la Juventud, Asociación Civil, de la cual no se tienen antecedentes.
El espot "protesta" contra el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la ocupación de la tribuna en la cámara baja, el martes a las 13:30.
González Garza dijo que la reacción del CCE -como en la campaña electoral presidencial, cuando recurrió a ataques del PRD- es evidencia de que sienten amenazados sus intereses.
En la campaña presidencial, el PRD denunció que el CCE apoyó económicamente la campaña sucia contra el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.
"Las campañas de odio no sirven", dijo González Garza, quien recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que las acciones del CCE fueron ilegales, puesto que no se ajustaron a la normatividad específica en materia de comicios.
Mensaje al Mundo
ASIMETRIAS.
jueves, 30 de noviembre de 2006
Por Fausto Fernández Ponte
Asimetrías
I
Los legisladores --senadores y diputados-- del Partido (de) Acción Nacional le han ofrecido al mundo la mejor definición de la crisis de poder y la sociedad, a nuestro ver severísima, que estruja a México.
Cierto. Esos legisladores exhibieron intolerancia al tratar de detener físicamente, mediante golpes, empujones, insultos y uso de gas pimienta y evitar que los diputados perredistas tomasen la tribuna.
Pero los panistas no lograron detener a los diputados del Partido de la Revolución Democrática y, junto con éstos, también se aposentaron en la tribuna, la cual comparten.
La toma estaba prevista y los panistas vigilaban a los perredistas, tratando de anticiparse a la acción de aquéllos y abortarla. Ello dio origen al zipizape en el recinto legislativo.
El episodio no deja de ser un incidente de pintoresquismo como expresión de la cultura política, pero su importancia reside en que es un indicador del estado de cosas.
Así es. Es un indicador sintomático --y, si se quiere, tiene el equivalente a un síndrome-- de una situación explosiva que hace suponer, en el exterior, que estamos al borde de la guerra civil.
Y que ésta ya se ha desatado y que, como consecuencia, los mexicanos estamos empeñados en librar una guerra fratricida como expresión inevitable de un proceso revolucionario.
Empero, esa percepción que prevalece a extramuros de México --particularmente en Estados Unidos, Europa y la América indo, afro e ibérica-- no se nos antoja errónea o equívoca o distorsionada. No.
II
La susodicha percepción externa, por otra parte, retroalimenta el sentir y el parecer general a intramuros --dentro de México-- y se convierte en convicción de que ya estamos en guerra civil.
Esa convicción, si lo discernimos objetivamente, no está muy alejada de la realidad, aunque con modalidades determinadas por las mismas condiciones sociopolíticas y socioeconómicas del país.
Las imágenes de la violencia entre legisladores --los diputados panistas solicitaron la ayuda de los senadores del mismo partido-- vistas dentro y fuera de México nos remiten a sus causas.
Y las causas --los mexicanos lo sabemos bien-- devienen de las irregularidades en las que incurrió el gobierno que preside Vicente Fox en la elección para hacer que las ganase Felipe Calderón.
Tan grueso cúmulo de irregularidades electorales mueve a sospecha fundamentada de un patrón de conducta del gobierno que, a su vez, sugiere la comisión presunta de un fraude.
De hecho, el propio Tribunal Electoral así lo reconoció. Registró las irregularidades comiciales y la intervención delictiva del gobierno y del Presidente de la República para influir en la elección.
Sin embargo, absurdamente, el Tribunal optó por desestimar esa comisión presunta de un fraude y se opuso terminantemente a un recuento de votos para transparentar el desenlace comicial.
Se rechazó, pues, contar voto por voto, como exigía la ciudadanía, para disipar todas las dudas acerca del desenlace y que el triunfador fuere ungido sin cuestionamientos ni sospechas.
III
El Tribunal Electoral argumentó la tesis del mal menor, el de validar la elección en vez de invalidarla y anularla y crear las condiciones legales para realizar nuevos comicios.
Así, el señor Calderón fue declarado Presidente Electo bajo esa premisa aberrante de ser el mal menor, preferible al "mal mayor" que sería, según el Tribunal, anular la elección.
Ese argumento de los magistrados del Tribunal pretendía, pensamos que por ingenuidad de éstos y no por complicidad premeditada y aviesa, evitar una crisis y un desgaste del sistema político.
Mas lo que los magistrados no vieron, miopemente, es que la crisis ya existía. Esa crisis del poder, del sistema político --la forma de organización y sus premisas-- y, agregaríamos, de la misma sociedad.
De esa guisa, al intentar, irrealmente, evitar una crisis --que, reitérese, ya existía--, los magistrados aceleraron ésta y aumentaron la magnitud del desgaste. Hoy parece que no hay punto de retorno.
Esta exégesis nos conduce a la percepción generalizada, aquí y acullá, de que estamos en una guerra fraticida --en el contexto de un proceso revolucionario-- y el origen causativo de ésta.
Las causales del origen de esta crisis no son, obviamente, que no se haya recontado cada voto y eliminar dudas acerca de la asepsia e imparcialidad de la elección. Este escamoteo fue sólo el detonante.
Ello muéstrase como verismo incontrovertible e insoslayable. El fratricidio entre mexicanos pronostícase inexorable, por inevitable y, en la práctica, ya está ocurriendo. Oaxaca nos lo confirma.
faustofeles1@yahoo.com.mxEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla
http.//www.diariolibertad.org.mx
http://elgritodelpueblo.blogspot.com o blogotitlan.com
Glosario:
Aviesa: mala o de malas inclinaciones, desviado o torcido.
Fratricida: que mata a un hermano.
Ungido: referido a una persona que recibe un cargo o investidura.
jueves, 30 de noviembre de 2006
Por Fausto Fernández Ponte
Asimetrías
I
Los legisladores --senadores y diputados-- del Partido (de) Acción Nacional le han ofrecido al mundo la mejor definición de la crisis de poder y la sociedad, a nuestro ver severísima, que estruja a México.
Cierto. Esos legisladores exhibieron intolerancia al tratar de detener físicamente, mediante golpes, empujones, insultos y uso de gas pimienta y evitar que los diputados perredistas tomasen la tribuna.
Pero los panistas no lograron detener a los diputados del Partido de la Revolución Democrática y, junto con éstos, también se aposentaron en la tribuna, la cual comparten.
La toma estaba prevista y los panistas vigilaban a los perredistas, tratando de anticiparse a la acción de aquéllos y abortarla. Ello dio origen al zipizape en el recinto legislativo.
El episodio no deja de ser un incidente de pintoresquismo como expresión de la cultura política, pero su importancia reside en que es un indicador del estado de cosas.
Así es. Es un indicador sintomático --y, si se quiere, tiene el equivalente a un síndrome-- de una situación explosiva que hace suponer, en el exterior, que estamos al borde de la guerra civil.
Y que ésta ya se ha desatado y que, como consecuencia, los mexicanos estamos empeñados en librar una guerra fratricida como expresión inevitable de un proceso revolucionario.
Empero, esa percepción que prevalece a extramuros de México --particularmente en Estados Unidos, Europa y la América indo, afro e ibérica-- no se nos antoja errónea o equívoca o distorsionada. No.
II
La susodicha percepción externa, por otra parte, retroalimenta el sentir y el parecer general a intramuros --dentro de México-- y se convierte en convicción de que ya estamos en guerra civil.
Esa convicción, si lo discernimos objetivamente, no está muy alejada de la realidad, aunque con modalidades determinadas por las mismas condiciones sociopolíticas y socioeconómicas del país.
Las imágenes de la violencia entre legisladores --los diputados panistas solicitaron la ayuda de los senadores del mismo partido-- vistas dentro y fuera de México nos remiten a sus causas.
Y las causas --los mexicanos lo sabemos bien-- devienen de las irregularidades en las que incurrió el gobierno que preside Vicente Fox en la elección para hacer que las ganase Felipe Calderón.
Tan grueso cúmulo de irregularidades electorales mueve a sospecha fundamentada de un patrón de conducta del gobierno que, a su vez, sugiere la comisión presunta de un fraude.
De hecho, el propio Tribunal Electoral así lo reconoció. Registró las irregularidades comiciales y la intervención delictiva del gobierno y del Presidente de la República para influir en la elección.
Sin embargo, absurdamente, el Tribunal optó por desestimar esa comisión presunta de un fraude y se opuso terminantemente a un recuento de votos para transparentar el desenlace comicial.
Se rechazó, pues, contar voto por voto, como exigía la ciudadanía, para disipar todas las dudas acerca del desenlace y que el triunfador fuere ungido sin cuestionamientos ni sospechas.
III
El Tribunal Electoral argumentó la tesis del mal menor, el de validar la elección en vez de invalidarla y anularla y crear las condiciones legales para realizar nuevos comicios.
Así, el señor Calderón fue declarado Presidente Electo bajo esa premisa aberrante de ser el mal menor, preferible al "mal mayor" que sería, según el Tribunal, anular la elección.
Ese argumento de los magistrados del Tribunal pretendía, pensamos que por ingenuidad de éstos y no por complicidad premeditada y aviesa, evitar una crisis y un desgaste del sistema político.
Mas lo que los magistrados no vieron, miopemente, es que la crisis ya existía. Esa crisis del poder, del sistema político --la forma de organización y sus premisas-- y, agregaríamos, de la misma sociedad.
De esa guisa, al intentar, irrealmente, evitar una crisis --que, reitérese, ya existía--, los magistrados aceleraron ésta y aumentaron la magnitud del desgaste. Hoy parece que no hay punto de retorno.
Esta exégesis nos conduce a la percepción generalizada, aquí y acullá, de que estamos en una guerra fraticida --en el contexto de un proceso revolucionario-- y el origen causativo de ésta.
Las causales del origen de esta crisis no son, obviamente, que no se haya recontado cada voto y eliminar dudas acerca de la asepsia e imparcialidad de la elección. Este escamoteo fue sólo el detonante.
Ello muéstrase como verismo incontrovertible e insoslayable. El fratricidio entre mexicanos pronostícase inexorable, por inevitable y, en la práctica, ya está ocurriendo. Oaxaca nos lo confirma.
faustofeles1@yahoo.com.mxEsta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla
http.//www.diariolibertad.org.mx
http://elgritodelpueblo.blogspot.com o blogotitlan.com
Glosario:
Aviesa: mala o de malas inclinaciones, desviado o torcido.
Fratricida: que mata a un hermano.
Ungido: referido a una persona que recibe un cargo o investidura.
COSECHAN TEMPESTADES
EDITORIALES DESDE JALISCO
Notas de Gabriel Torres Espinoza
El que siembra vientos, cosecha tempestades. Vicente Fox, Manuel Espino y los mariscales del lodo que sembraron el odio y el miedo para ganar las elecciones, tienen ya los efectos secundarios de sus métodos fascistas de hacer campaña. Una vez que ganaron oficialmente las elecciones, demandan a sus adversarios vencidos una civilidad que ellos no pudieron demostrar desde el poder.
El presidente del cambio no pudo cambiar las prácticas ventajosas y autoritarias de los presidentes priistas que intervenían ilegalmente en las elecciones (tal como lo señaló el Tribunal Electoral). No pudo comportarse como un hombre demócrata que asumiera la neutralidad que corresponde a un jefe de Estado respetuoso de las leyes y de las decisiones que sólo corresponden a los electores. Por el contrario, Vicente Fox se dedicó a usar las tribunas de la presidencia para enredarse en un rosario de descalificaciones contra el candidato de la izquierda mexicana, al que también antes quiso dejar fuera de la competencia por la vía del desafuero, con la delictiva complicidad de la Suprema Corte de Justicia. Eso ahora a todos nos consta.
El PRD se ha excedido en las formas de manifestar sus desacuerdos, sin duda. El PAN, por su parte, es responsable con mucho de esa radicalización violenta. Basta escuchar las expresiones cargadas de aversión del coordinador de la bancada del PAN, Héctor Larios, para advertir por qué no puede fructificar ninguna negociación política. El rencor le brota por cada poro de la piel. La violencia no se puede ni debe justificar en política; empero la sumisión, el trato indigno y la humillación, tampoco.
El candidato de la izquierda y su partido fueron atropellados por la ilegal intervención del poder presidencial (así lo sentenció el TEPJF), por dinero de los empresarios monopólicos y por los intereses de la jerarquía católica que intervinieron cuanto pudieron para sembrar miedo, advertir “peligros” y orientar a los electores a votar por el partido en el gobierno. Estos mismos actores que en 2000 alentaron la alternancia democrática, hoy apostaron por la continuidad cómplice.
Mañana Felipe Calderón será, desde las 00:00 horas, el presidente de México. Con o sin protesta en el recinto legislativo, Calderón estará a cargo de la jefatura de Estado, de gobierno y de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que en verdad debe importarles. El PRD está en todo su derecho de protestar y es comprensible que lo haga. Ese es el alto precio a pagar después de la terrible campaña de miedo y odio que hicieron el gobierno, los empresarios y jerarcas religiosos. No se puede esperar civilidad de quien es agredido así. No se puede exigir respeto a las leyes cuando las violaron para ganar las elecciones, tal como lo resolvió el propio Tribunal Electoral, cuando advirtió que no podía cuantificarlas y, por consecuencia, anular la elección. Para distensar este clima de conflicto debe comenzarse por entender al otro, al que agraviaron, al que vencieron con las más ruines tácticas de terrorismo publicitario, odio y miedo. El que siembra vientos, simplemente cosechará tempestades.
Notas de Gabriel Torres Espinoza
El que siembra vientos, cosecha tempestades. Vicente Fox, Manuel Espino y los mariscales del lodo que sembraron el odio y el miedo para ganar las elecciones, tienen ya los efectos secundarios de sus métodos fascistas de hacer campaña. Una vez que ganaron oficialmente las elecciones, demandan a sus adversarios vencidos una civilidad que ellos no pudieron demostrar desde el poder.
El presidente del cambio no pudo cambiar las prácticas ventajosas y autoritarias de los presidentes priistas que intervenían ilegalmente en las elecciones (tal como lo señaló el Tribunal Electoral). No pudo comportarse como un hombre demócrata que asumiera la neutralidad que corresponde a un jefe de Estado respetuoso de las leyes y de las decisiones que sólo corresponden a los electores. Por el contrario, Vicente Fox se dedicó a usar las tribunas de la presidencia para enredarse en un rosario de descalificaciones contra el candidato de la izquierda mexicana, al que también antes quiso dejar fuera de la competencia por la vía del desafuero, con la delictiva complicidad de la Suprema Corte de Justicia. Eso ahora a todos nos consta.
El PRD se ha excedido en las formas de manifestar sus desacuerdos, sin duda. El PAN, por su parte, es responsable con mucho de esa radicalización violenta. Basta escuchar las expresiones cargadas de aversión del coordinador de la bancada del PAN, Héctor Larios, para advertir por qué no puede fructificar ninguna negociación política. El rencor le brota por cada poro de la piel. La violencia no se puede ni debe justificar en política; empero la sumisión, el trato indigno y la humillación, tampoco.
El candidato de la izquierda y su partido fueron atropellados por la ilegal intervención del poder presidencial (así lo sentenció el TEPJF), por dinero de los empresarios monopólicos y por los intereses de la jerarquía católica que intervinieron cuanto pudieron para sembrar miedo, advertir “peligros” y orientar a los electores a votar por el partido en el gobierno. Estos mismos actores que en 2000 alentaron la alternancia democrática, hoy apostaron por la continuidad cómplice.
Mañana Felipe Calderón será, desde las 00:00 horas, el presidente de México. Con o sin protesta en el recinto legislativo, Calderón estará a cargo de la jefatura de Estado, de gobierno y de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que en verdad debe importarles. El PRD está en todo su derecho de protestar y es comprensible que lo haga. Ese es el alto precio a pagar después de la terrible campaña de miedo y odio que hicieron el gobierno, los empresarios y jerarcas religiosos. No se puede esperar civilidad de quien es agredido así. No se puede exigir respeto a las leyes cuando las violaron para ganar las elecciones, tal como lo resolvió el propio Tribunal Electoral, cuando advirtió que no podía cuantificarlas y, por consecuencia, anular la elección. Para distensar este clima de conflicto debe comenzarse por entender al otro, al que agraviaron, al que vencieron con las más ruines tácticas de terrorismo publicitario, odio y miedo. El que siembra vientos, simplemente cosechará tempestades.
miércoles, noviembre 29, 2006
TRFULCA EN EL CONGRESO
Con gritos, mentadas, puñetazos y puntapiés impide al sol azteca ocupar la zona
Trifulca en San Lázaro; el PAN toma la tribuna por miedo al PRD
Los perredistas sacaron la peor parte de los enfrentamientos ocurridos en el salón de plenos
Los blanquiazules colocan sillones de barricadas; sus oponentes permanecen en el recinto
ROBERTO GARDUÑO , ENRIQUE MENDEZ
Francisco Domínguez, vicecoordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, arremete contra el diputado perredista Faustino Soto, durante la toma de la tribuna parlamentaria que ayer protagonizaron los legisladores del blanquiazul por el temor de que los del sol azteca se les adelantaran en ocuparla
Lupa
Francisco Domínguez, vicecoordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, arremete contra el diputado perredista Faustino Soto, durante la toma de la tribuna parlamentaria que ayer protagonizaron los legisladores del blanquiazul por el temor de que los del sol azteca se les adelantaran en ocuparla Foto: José Carlo González
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados tomó la tribuna del salón de sesiones ante el temor que les causó un rumor sobre una supuesta acción que instrumentarían los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La especie se extendió con rapidez en el Palacio Legislativo de San Lázaro cuando los diputados del sol azteca ni siquiera habían definido un asalto a la presidencia de la mesa directiva. Irónicamente, al tratar de defender la toma de posesión de Felipe Calderón Hinojosa, sus correligionarios dieron el primer paso para impedir la ceremonia de transmisión de poderes el próximo viernes.
En su arranque, los panistas protagonizaron cuatro trifulcas al defender con furia la tribuna camaral. Los diputados del PRD sacaron la peor parte del enfrentamiento: Alberto López, de Chimalhuacán, y Susana Monreal fueron sacados del pleno en silla de ruedas, con fractura y esguince en tobillos."
Su compañero Darío Lemaroy, al enfrentarse con el panista Luis Javier Maawad Robert, debió ser vendado por un esguince en el tobillo derecho y sacado en andas.
En tanto, Aleyda Alavez tuvo que ser atendida por los servicios médicos de la Cámara de Diputados por sangrado nasal y baja presión. Y Monreal Avila y Ramón Pacheco fueron rociados en el rostro con un gas paralizante lanzado desde el grupo panista atrincherado en la tribuna.
Panistas distinguidos
A lo largo de la jornada, Nicolás Morales próspero aguamielero, aficionado a la cría de caballos, quien llevó sus ejemplares a la fiesta dominical donde el presidente Vicente Fox Quesada sufrió un desvanecimiento y su compañero Francisco Domínguez fueron los panistas más distinguidos al momento de "contener" y enfrentar a los perredistas.
Ante las pruebas de agresión física contra diputados del sol azteca, los legisladores del PAN insistieron en que ellos fueron los ofendidos y agraviados por la diputación del PRD. La forma en que actuaron los panistas quedó registrada en las imágenes de las televisoras que no transmitieron más tarde y en las del Canal del Congreso: la violencia provino de Acción Nacional.
La plenaria del miedo
Al comenzar la jornada de ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro el grupo parlamentario del PRD se reunió con el propósito de acordar los puntos del orden del día que abordarían en el pleno. Durante el encuentro también se eligió a un grupo de 10 diputados a quienes se asignó la tarea de elaborar la estrategia para impedir la toma de protesta de Calderón.
Sin embargo, al no definirse cómo hacerlo, la discusión se pospuso para hoy (miércoles) antes de que se iniciara la sesión programada por la Junta de Coordinación Política.
Al concluir la plenaria del PRD, en el salón de plenos comenzó a difundirse el rumor de que los legisladores perredistas intentarían tomar la tribuna. Esta versión llegó a oídos de todos los grupos parlamentarios, y fue entre los panistas donde hizo mella.
En las curules del ala derecha del salón se inició una estrategia para vigilar a todos los diputados del PRD y de los partidos del Trabajo (PT) y Convergencia que se levantaran de sus curules, como forma de cerrar el paso a una toma hormiga de la tribuna.
La tensión entre los panistas crecía, al grado de que, pasando por encima de su coordinador parlamentario, Héctor Larios Córdova, un grupo importante de legisladores del blanquiazul se dividió para bloquear los dos accesos a la tribuna. Ese movimiento propició desorden en el salón, y tuvo que intervenir la diputada Susana Monreal Avila, por el PRD, para solicitar a la presidenta en turno de la mesa directiva, María Elena Alvarez, que solicitara a sus correligionarios que regresaran a sus curules.
La panista requirió a su bancada que se reintegrara a las curules. Entre los diputados se percibía más preocupación porque los panistas insistían, con sus hechos, en adelantarse al sol azteca en la supuesta intención de tomar la tribuna. En este ambiente continuó la sesión y el perredista Enrique Mayans Canabal exigió a Jorge Zermeño Infante, quien ya se encontraba de nuevo en la presidencia, que sometiera con una moción de orden a la Cámara y que quedara constancia de que el PAN "está tomando la tribuna en estos momentos".
Para sorpresa de todos en el salón de plenos, Zermeño admitió la solicitud del perredista y certificó que quedaría asentada en el Diario de los Debates.
Primera trifulca
En el momento en que Zermeño aceptaba que sus correligionarios controlaban la presidencia y la secretaría de la mesa directiva, la perredista Valentina Batres Guadarrama intentó subir a la mesa para consultar con la vicepresidenta, Ruth Zavaleta, si su petición para intervenir estaba inscrita en el orden del día. Mediante empellones, los panistas le impidieron el paso y la regresaron a la zona de curules.
Casi detrás de ella, su compañero Cuauhtémoc Sandoval pretendía corroborar que un punto de acuerdo propuesto por él sería tratado en la sesión, y no pospuesto nuevamente, como ya había ocurrido. A su paso, el panista Nicolás Morales y su compañero César Verástegui prendieron a Sandoval por el saco y lo derribaron. En su caída, el perredista arrastró a la chihuahuense María Eugenia Campos.
En ese momento la tribuna estaba repleta de panistas y al ser agredido Sandoval sus correligionarios respondieron y comenzó la trifulca. Era la una y media de la tarde. Jorge Zermeño, impasible y pausado en contraste con el griterío y los golpes, solicitó "a los legisladores que están subiendo a la tribuna hagan favor de abandonarla. Con todo respeto, regresen a sus lugares. Pido respeto a los señores legisladores. Hago un llamado respetuoso a todos los señores legisladores... pido a los coordinadores de los grupos parlamentarios que nos ayuden a pedir orden. Pido a los reporteros que vuelvan a sus lugares".
El desorden se apoderó del salón. Pero los golpes, empellones, mentadas y descalificaciones no conmovían a Zermeño. Entonces Emilio Gamboa Patrón, coordinador del PRI, desde su curul le sugirió decretar un receso, "mientras se pone orden allá abajo y los medios de comunicación van a su lugar".
El presidente de la mesa directiva obedeció la recomendación y declaró un receso y, para mayor sorpresa, hizo otro llamado: "se pide a todos los señores legisladores que desalojen la tribuna y solicito a las fuerzas del orden de esta Cámara que nos ayuden a mantener el orden".
De inmediato dio una contraorden: "solicito que no intervengan". Y en medio del griterío, inconmovible, exigió: "y pido la prudencia y hago un llamado a la responsabilidad y al honor de los legisladores para que desalojen la tribuna. ¡Se decreta un receso!"
A las 13:34 horas la sesión se suspendió, y 20 minutos después Zermeño declaró que, "en virtud de que durante el receso no ha podido restaurarse el orden", se levantaba la sesión y citó a Congreso General, el primero de diciembre, para la toma de protesta de Felipe Calderón, a las nueve y media de la mañana, en San Lázaro.
Zermeño no se percató que para cambiar de sede, él mismo está obligado por ley a convocar a sesión del pleno con la finalidad de que éste vote, primero, por mayoría calificada, la propuesta de trasladar el Poder Legislativo a un recinto alterno, y después, por mayoría simple, se apruebe el sitio para la ceremonia.
Los priístas, tranquilitos y sentaditos
Desde la fracción priísta, cuyos integrantes observaban la trifulca, Samuel Aguilar se divertía y le deslizó a Emilio Gamboa: "estamos bien, tranquilitos y sentaditos". Le secundó Jorge Chaurand, quien repitió: "nos están atropellando nuestros derechos". A esto hizo eco el coordinador de la bancada: "nos están atropellando..." Y otro gritaba desde su curul: "¡lo vamos a resolver a balazos o a vergazos!"
Marco Bernal, dirigente de la CNOP priísta, expresó su preocupación aun cuando su bancada era la que menos perdía con la guerra de ayer: "esto es absolutamente ilegal. Jorge Zermeño viola el reglamento del Congreso". Lo mismo refirió a Gamboa Patrón en su curul José Murat, quien se acercó para demandarle que solicitara a Zermeño el retiro inmediato de decenas de elementos del Estado Mayor Presidencial que se habían infiltrado al salón, en la zona conocida como tras banderas, que habían hecho cuartel en la sala de conferencias de prensa.
"Emilio le dijo Murat, tienes que pedirle a Zermeño que ordene el retiro de los militares". Gamboa, simplemente, se hizo el desentendido. Y es que desde antes de que empezara la sesión ordinaria ya se encontraban en el salón al menos dos docenas de militares vestidos de civil, con aparatos de intercomunicación al oído. En un intento por engañar a los diputados, el presidente de la Cámara dijo desde su lugar que sólo se trataba de personal de resguardo.
Efectivamente, Zermeño no respetó los artículos 211 y 212 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, donde se manifiesta que "los presidentes de las cámaras podrán ordenar, siempre que lo consideren conveniente, que se sitúe guardia militar en los edificios de las mismas, la que estará sujeta exclusivamente a las órdenes del presidente respectivo", y que "sólo con permiso del presidente, en virtud de acuerdo de la Cámara, podrán entrar al salón de sesiones personas que no sean diputados o senadores; por ningún motivo se permitirá la entrada a los pasillos a personas que no tengan la anterior representación".
Retiro del EMP, exigía el PRD
A partir del primer enfrentamiento, el coordinador de los perredistas, Javier González Garza, exigió a gritos desde su curul al presidente de la mesa que pusiera orden entre los panistas. Desgañitándose, porque el panista no autorizó que le abrieran el micrófono, el perredista manifestó: "¡que se retire el Estado Mayor, con una chingada! ¡Mientes, Jorge Zermeño, vamos a ver qué pretendes!"
Los ánimos subían de tono. Los panistas Pedro Pulido, de Veracruz, y el tamaulipeco Gustavo Cárdenas, ex candidato a gobernador, enfrentaron a Humberto Zazueta en las escalinatas de la tribuna. "¿Muy machito, cabrón?", soltó Pulido al perredista. "Felipe no va a tomar protesta", reviró Zazueta y Cárdenas lo retó: "¡Aviéntate, a ver de a cómo nos toca!"
En la segunda trifulca, el presidente de la comisión de Turismo, Octavio Martínez, encaramado en la zona de la secretaría general, le dio un puntapié en la cara a Nicolás Morales, y en la tercera confrontación se trenzó, junto con Darío Lemaroy, a golpes y patadas con el panista Luis Javier Maawad.
La intensidad y el encono llegó a uno de sus clímax cuando el perredista Cuitláhuac Condado fue bajado a golpes, empellones y patadas desde la presidencia, y literalmente fue arrastrado escaleras abajo por los panistas. Para su desgracia se corrió la versión de que no era diputado, sólo por el hecho de que acudió a la sesión con chamarra amarillla y no de traje. En distintas radiodifusoras se le acusaba de ser un infiltrado.
Valentina Batres y la panista María Eugenia Campos sostuvieron un largo duelo personal por unos centímetros de la secretaría general, cuando disputaban sentarse en una curul. Panistas y perredistas habían pactado una zona de libre paso, pero los del blanquiazul aprovecharon para instalar sus curules a modo de barricadas.
Poco después de las diez y media de la noche, en una de esas barricadas la diputada panista Angeles Jiménez se quejó de que perredistas la empujaron, y comenzó otra trifulca. Otra vez Francisco Domínguez enfrentó a los diputados del PRD, y lanzó una patada que, con tan mala suerte, lo hizo trastabillar y caer sobre sus compañeros. Tan calientes estaban las cosas que desde el muro de honor que recuerda a Sor Juana Inés de la Cruz, el perredista Evodio Velázquez le gritó: "¡bájale de güevos!"
El escenario que se observó en San Lázaro no avizora posibilidad de una transmisión de poderes en San Lázaro. Ayer el PRD se instaló con bolsas para dormir en espera del primer día de diciembre. En tanto, los coordinadores de ese partido y del PAN no llegaron a ningún acuerdo. Y la toma de protesta de Calderón está en vilo.
"Si el pelele quiere venir, será necesario un sitio a la Cámara o un golpe de Estado al Congreso", alertó el perredista Emilio Ulloa.
Trifulca en San Lázaro; el PAN toma la tribuna por miedo al PRD
Los perredistas sacaron la peor parte de los enfrentamientos ocurridos en el salón de plenos
Los blanquiazules colocan sillones de barricadas; sus oponentes permanecen en el recinto
ROBERTO GARDUÑO , ENRIQUE MENDEZ
Francisco Domínguez, vicecoordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, arremete contra el diputado perredista Faustino Soto, durante la toma de la tribuna parlamentaria que ayer protagonizaron los legisladores del blanquiazul por el temor de que los del sol azteca se les adelantaran en ocuparla
Lupa
Francisco Domínguez, vicecoordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, arremete contra el diputado perredista Faustino Soto, durante la toma de la tribuna parlamentaria que ayer protagonizaron los legisladores del blanquiazul por el temor de que los del sol azteca se les adelantaran en ocuparla Foto: José Carlo González
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados tomó la tribuna del salón de sesiones ante el temor que les causó un rumor sobre una supuesta acción que instrumentarían los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La especie se extendió con rapidez en el Palacio Legislativo de San Lázaro cuando los diputados del sol azteca ni siquiera habían definido un asalto a la presidencia de la mesa directiva. Irónicamente, al tratar de defender la toma de posesión de Felipe Calderón Hinojosa, sus correligionarios dieron el primer paso para impedir la ceremonia de transmisión de poderes el próximo viernes.
En su arranque, los panistas protagonizaron cuatro trifulcas al defender con furia la tribuna camaral. Los diputados del PRD sacaron la peor parte del enfrentamiento: Alberto López, de Chimalhuacán, y Susana Monreal fueron sacados del pleno en silla de ruedas, con fractura y esguince en tobillos."
Su compañero Darío Lemaroy, al enfrentarse con el panista Luis Javier Maawad Robert, debió ser vendado por un esguince en el tobillo derecho y sacado en andas.
En tanto, Aleyda Alavez tuvo que ser atendida por los servicios médicos de la Cámara de Diputados por sangrado nasal y baja presión. Y Monreal Avila y Ramón Pacheco fueron rociados en el rostro con un gas paralizante lanzado desde el grupo panista atrincherado en la tribuna.
Panistas distinguidos
A lo largo de la jornada, Nicolás Morales próspero aguamielero, aficionado a la cría de caballos, quien llevó sus ejemplares a la fiesta dominical donde el presidente Vicente Fox Quesada sufrió un desvanecimiento y su compañero Francisco Domínguez fueron los panistas más distinguidos al momento de "contener" y enfrentar a los perredistas.
Ante las pruebas de agresión física contra diputados del sol azteca, los legisladores del PAN insistieron en que ellos fueron los ofendidos y agraviados por la diputación del PRD. La forma en que actuaron los panistas quedó registrada en las imágenes de las televisoras que no transmitieron más tarde y en las del Canal del Congreso: la violencia provino de Acción Nacional.
La plenaria del miedo
Al comenzar la jornada de ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro el grupo parlamentario del PRD se reunió con el propósito de acordar los puntos del orden del día que abordarían en el pleno. Durante el encuentro también se eligió a un grupo de 10 diputados a quienes se asignó la tarea de elaborar la estrategia para impedir la toma de protesta de Calderón.
Sin embargo, al no definirse cómo hacerlo, la discusión se pospuso para hoy (miércoles) antes de que se iniciara la sesión programada por la Junta de Coordinación Política.
Al concluir la plenaria del PRD, en el salón de plenos comenzó a difundirse el rumor de que los legisladores perredistas intentarían tomar la tribuna. Esta versión llegó a oídos de todos los grupos parlamentarios, y fue entre los panistas donde hizo mella.
En las curules del ala derecha del salón se inició una estrategia para vigilar a todos los diputados del PRD y de los partidos del Trabajo (PT) y Convergencia que se levantaran de sus curules, como forma de cerrar el paso a una toma hormiga de la tribuna.
La tensión entre los panistas crecía, al grado de que, pasando por encima de su coordinador parlamentario, Héctor Larios Córdova, un grupo importante de legisladores del blanquiazul se dividió para bloquear los dos accesos a la tribuna. Ese movimiento propició desorden en el salón, y tuvo que intervenir la diputada Susana Monreal Avila, por el PRD, para solicitar a la presidenta en turno de la mesa directiva, María Elena Alvarez, que solicitara a sus correligionarios que regresaran a sus curules.
La panista requirió a su bancada que se reintegrara a las curules. Entre los diputados se percibía más preocupación porque los panistas insistían, con sus hechos, en adelantarse al sol azteca en la supuesta intención de tomar la tribuna. En este ambiente continuó la sesión y el perredista Enrique Mayans Canabal exigió a Jorge Zermeño Infante, quien ya se encontraba de nuevo en la presidencia, que sometiera con una moción de orden a la Cámara y que quedara constancia de que el PAN "está tomando la tribuna en estos momentos".
Para sorpresa de todos en el salón de plenos, Zermeño admitió la solicitud del perredista y certificó que quedaría asentada en el Diario de los Debates.
Primera trifulca
En el momento en que Zermeño aceptaba que sus correligionarios controlaban la presidencia y la secretaría de la mesa directiva, la perredista Valentina Batres Guadarrama intentó subir a la mesa para consultar con la vicepresidenta, Ruth Zavaleta, si su petición para intervenir estaba inscrita en el orden del día. Mediante empellones, los panistas le impidieron el paso y la regresaron a la zona de curules.
Casi detrás de ella, su compañero Cuauhtémoc Sandoval pretendía corroborar que un punto de acuerdo propuesto por él sería tratado en la sesión, y no pospuesto nuevamente, como ya había ocurrido. A su paso, el panista Nicolás Morales y su compañero César Verástegui prendieron a Sandoval por el saco y lo derribaron. En su caída, el perredista arrastró a la chihuahuense María Eugenia Campos.
En ese momento la tribuna estaba repleta de panistas y al ser agredido Sandoval sus correligionarios respondieron y comenzó la trifulca. Era la una y media de la tarde. Jorge Zermeño, impasible y pausado en contraste con el griterío y los golpes, solicitó "a los legisladores que están subiendo a la tribuna hagan favor de abandonarla. Con todo respeto, regresen a sus lugares. Pido respeto a los señores legisladores. Hago un llamado respetuoso a todos los señores legisladores... pido a los coordinadores de los grupos parlamentarios que nos ayuden a pedir orden. Pido a los reporteros que vuelvan a sus lugares".
El desorden se apoderó del salón. Pero los golpes, empellones, mentadas y descalificaciones no conmovían a Zermeño. Entonces Emilio Gamboa Patrón, coordinador del PRI, desde su curul le sugirió decretar un receso, "mientras se pone orden allá abajo y los medios de comunicación van a su lugar".
El presidente de la mesa directiva obedeció la recomendación y declaró un receso y, para mayor sorpresa, hizo otro llamado: "se pide a todos los señores legisladores que desalojen la tribuna y solicito a las fuerzas del orden de esta Cámara que nos ayuden a mantener el orden".
De inmediato dio una contraorden: "solicito que no intervengan". Y en medio del griterío, inconmovible, exigió: "y pido la prudencia y hago un llamado a la responsabilidad y al honor de los legisladores para que desalojen la tribuna. ¡Se decreta un receso!"
A las 13:34 horas la sesión se suspendió, y 20 minutos después Zermeño declaró que, "en virtud de que durante el receso no ha podido restaurarse el orden", se levantaba la sesión y citó a Congreso General, el primero de diciembre, para la toma de protesta de Felipe Calderón, a las nueve y media de la mañana, en San Lázaro.
Zermeño no se percató que para cambiar de sede, él mismo está obligado por ley a convocar a sesión del pleno con la finalidad de que éste vote, primero, por mayoría calificada, la propuesta de trasladar el Poder Legislativo a un recinto alterno, y después, por mayoría simple, se apruebe el sitio para la ceremonia.
Los priístas, tranquilitos y sentaditos
Desde la fracción priísta, cuyos integrantes observaban la trifulca, Samuel Aguilar se divertía y le deslizó a Emilio Gamboa: "estamos bien, tranquilitos y sentaditos". Le secundó Jorge Chaurand, quien repitió: "nos están atropellando nuestros derechos". A esto hizo eco el coordinador de la bancada: "nos están atropellando..." Y otro gritaba desde su curul: "¡lo vamos a resolver a balazos o a vergazos!"
Marco Bernal, dirigente de la CNOP priísta, expresó su preocupación aun cuando su bancada era la que menos perdía con la guerra de ayer: "esto es absolutamente ilegal. Jorge Zermeño viola el reglamento del Congreso". Lo mismo refirió a Gamboa Patrón en su curul José Murat, quien se acercó para demandarle que solicitara a Zermeño el retiro inmediato de decenas de elementos del Estado Mayor Presidencial que se habían infiltrado al salón, en la zona conocida como tras banderas, que habían hecho cuartel en la sala de conferencias de prensa.
"Emilio le dijo Murat, tienes que pedirle a Zermeño que ordene el retiro de los militares". Gamboa, simplemente, se hizo el desentendido. Y es que desde antes de que empezara la sesión ordinaria ya se encontraban en el salón al menos dos docenas de militares vestidos de civil, con aparatos de intercomunicación al oído. En un intento por engañar a los diputados, el presidente de la Cámara dijo desde su lugar que sólo se trataba de personal de resguardo.
Efectivamente, Zermeño no respetó los artículos 211 y 212 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, donde se manifiesta que "los presidentes de las cámaras podrán ordenar, siempre que lo consideren conveniente, que se sitúe guardia militar en los edificios de las mismas, la que estará sujeta exclusivamente a las órdenes del presidente respectivo", y que "sólo con permiso del presidente, en virtud de acuerdo de la Cámara, podrán entrar al salón de sesiones personas que no sean diputados o senadores; por ningún motivo se permitirá la entrada a los pasillos a personas que no tengan la anterior representación".
Retiro del EMP, exigía el PRD
A partir del primer enfrentamiento, el coordinador de los perredistas, Javier González Garza, exigió a gritos desde su curul al presidente de la mesa que pusiera orden entre los panistas. Desgañitándose, porque el panista no autorizó que le abrieran el micrófono, el perredista manifestó: "¡que se retire el Estado Mayor, con una chingada! ¡Mientes, Jorge Zermeño, vamos a ver qué pretendes!"
Los ánimos subían de tono. Los panistas Pedro Pulido, de Veracruz, y el tamaulipeco Gustavo Cárdenas, ex candidato a gobernador, enfrentaron a Humberto Zazueta en las escalinatas de la tribuna. "¿Muy machito, cabrón?", soltó Pulido al perredista. "Felipe no va a tomar protesta", reviró Zazueta y Cárdenas lo retó: "¡Aviéntate, a ver de a cómo nos toca!"
En la segunda trifulca, el presidente de la comisión de Turismo, Octavio Martínez, encaramado en la zona de la secretaría general, le dio un puntapié en la cara a Nicolás Morales, y en la tercera confrontación se trenzó, junto con Darío Lemaroy, a golpes y patadas con el panista Luis Javier Maawad.
La intensidad y el encono llegó a uno de sus clímax cuando el perredista Cuitláhuac Condado fue bajado a golpes, empellones y patadas desde la presidencia, y literalmente fue arrastrado escaleras abajo por los panistas. Para su desgracia se corrió la versión de que no era diputado, sólo por el hecho de que acudió a la sesión con chamarra amarillla y no de traje. En distintas radiodifusoras se le acusaba de ser un infiltrado.
Valentina Batres y la panista María Eugenia Campos sostuvieron un largo duelo personal por unos centímetros de la secretaría general, cuando disputaban sentarse en una curul. Panistas y perredistas habían pactado una zona de libre paso, pero los del blanquiazul aprovecharon para instalar sus curules a modo de barricadas.
Poco después de las diez y media de la noche, en una de esas barricadas la diputada panista Angeles Jiménez se quejó de que perredistas la empujaron, y comenzó otra trifulca. Otra vez Francisco Domínguez enfrentó a los diputados del PRD, y lanzó una patada que, con tan mala suerte, lo hizo trastabillar y caer sobre sus compañeros. Tan calientes estaban las cosas que desde el muro de honor que recuerda a Sor Juana Inés de la Cruz, el perredista Evodio Velázquez le gritó: "¡bájale de güevos!"
El escenario que se observó en San Lázaro no avizora posibilidad de una transmisión de poderes en San Lázaro. Ayer el PRD se instaló con bolsas para dormir en espera del primer día de diciembre. En tanto, los coordinadores de ese partido y del PAN no llegaron a ningún acuerdo. Y la toma de protesta de Calderón está en vilo.
"Si el pelele quiere venir, será necesario un sitio a la Cámara o un golpe de Estado al Congreso", alertó el perredista Emilio Ulloa.
martes, noviembre 28, 2006
¿COMO VAMOS A ACTUAR CON EL GOBIERNO LEGITIMO?
YO RESPONDERÍA CON OTRA PREGUNTA, ¿Y CÓMO VAMOS A ACTUAR NOSOTROS?
Después de la toma de protesta de AMLO que no asistieron, me preguntan qué es lo qué sigue, qué hay que hacer como mexicanos?.
PISTAS QUE DEN CERTIDUMBRE ACERCA DE LA FORMA DE GOBIERNO DE AMLO CON NUESTRA PARTICIPACIÓN COMO CIUDADANOS DE LA CUARTA REPÚBLICA
AMLO en la conformación de su nuevo gabinete ha elegido a personas con solvencia moral. El apoyo que podamos aportar a este gobierno legítimo que le da el poder a millones de ciudadanos es el siguiente.
Monetario: El gobierno legítimo se va sustentar de los aportes aconómicos que podamos hacer, que oscila desde 100 a 30 000 pesos. Por ello es que desde esta tribuna, también les pedimos a los contralores y economistas que rindan cuentas claras y transparencia en el manejo del erario para se fortalezca el movimiento y la entrada del apoyo
Político: Con nuestro registro certificado con nuestra credencial de elector podemos convertirnos en miembros activos del gobierno capaces de hacer propuestas locales desde nuestros barrios, colonias, municipios y estados que sean llevadas como iniciativas de ley ante las diferentes cámaras por mediación de los legisladores simpatizantes al movimiento de AMLO.
Económico y de conciencia: Se ha visto que el boicot está produciendo efectos. Las televisoras están mostrando anuncios de todos los productos del boicot que ya están cobrando la factura por el favor de hacerle la guerra sucia a FECAL. Continuemos y afiancemos el boicot contra los productos que apoyaron la guerra sucia contra AMLO y contra nosotros, productos muchos de los cuales causantes de malnutrición, enajenación y pérdida de nuestro patrimonio (alimentos, TV, bancos). Tratar de informarnos por medios alternativos que favorezcan el desarrollo de una democracia directa como la radio alternativa, los sitios de internet que apoyan la resistencia pacífica así como el apoyo a los grupos que están siendo sojuzgados por el gobierno derechista por medio del apoyo colectivo con alimentos o la manifestación pacífica.
Social: La organización en cualquiera de sus facetas es un puntal de apoyo para acciones a seguir. La organización en la comunicación, la movilización y las acciones es de suma importancia porque propician la discusión de las ideas y los acuerdos por las vías más legítimas incluso trascienden a los partidos con beneficio para población participante.
PERO ANTE TODO CON NUESTRO COMPROMISO COMO CIUDADANOS CONCIENTES DE NUESTRA RESPONSABILIDAD HISTÓRICA
http://amloenqueretaro.blogspot.com/
Después de la toma de protesta de AMLO que no asistieron, me preguntan qué es lo qué sigue, qué hay que hacer como mexicanos?.
PISTAS QUE DEN CERTIDUMBRE ACERCA DE LA FORMA DE GOBIERNO DE AMLO CON NUESTRA PARTICIPACIÓN COMO CIUDADANOS DE LA CUARTA REPÚBLICA
AMLO en la conformación de su nuevo gabinete ha elegido a personas con solvencia moral. El apoyo que podamos aportar a este gobierno legítimo que le da el poder a millones de ciudadanos es el siguiente.
Monetario: El gobierno legítimo se va sustentar de los aportes aconómicos que podamos hacer, que oscila desde 100 a 30 000 pesos. Por ello es que desde esta tribuna, también les pedimos a los contralores y economistas que rindan cuentas claras y transparencia en el manejo del erario para se fortalezca el movimiento y la entrada del apoyo
Político: Con nuestro registro certificado con nuestra credencial de elector podemos convertirnos en miembros activos del gobierno capaces de hacer propuestas locales desde nuestros barrios, colonias, municipios y estados que sean llevadas como iniciativas de ley ante las diferentes cámaras por mediación de los legisladores simpatizantes al movimiento de AMLO.
Económico y de conciencia: Se ha visto que el boicot está produciendo efectos. Las televisoras están mostrando anuncios de todos los productos del boicot que ya están cobrando la factura por el favor de hacerle la guerra sucia a FECAL. Continuemos y afiancemos el boicot contra los productos que apoyaron la guerra sucia contra AMLO y contra nosotros, productos muchos de los cuales causantes de malnutrición, enajenación y pérdida de nuestro patrimonio (alimentos, TV, bancos). Tratar de informarnos por medios alternativos que favorezcan el desarrollo de una democracia directa como la radio alternativa, los sitios de internet que apoyan la resistencia pacífica así como el apoyo a los grupos que están siendo sojuzgados por el gobierno derechista por medio del apoyo colectivo con alimentos o la manifestación pacífica.
Social: La organización en cualquiera de sus facetas es un puntal de apoyo para acciones a seguir. La organización en la comunicación, la movilización y las acciones es de suma importancia porque propician la discusión de las ideas y los acuerdos por las vías más legítimas incluso trascienden a los partidos con beneficio para población participante.
PERO ANTE TODO CON NUESTRO COMPROMISO COMO CIUDADANOS CONCIENTES DE NUESTRA RESPONSABILIDAD HISTÓRICA
http://amloenqueretaro.blogspot.com/
domingo, noviembre 26, 2006
ESTA ES LA "CREDIBILIDAD" DE LAS ENCUESTAS DE INTERNET
Por eso no damos mucha pila a estas encuestas, y solo son referencias sin trascendencia.
Tiene Ramírez Acuña récord en opacidad
http://www.reforma.com/nacional/articulo/711271/default.asp
Caracterizan gestión de Gobernador con licencia de Jalisco obstáculos a apertura
José David Estrada y Héctor Padilla
Guadalajara, México (23 noviembre 2006).- Como Gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña batió récord en opacidad.
Durante su gestión, varias dependencias del gobierno estatal optaron por ir a juicio antes que entregar información, o bien la entregaban incompleta.
Así, fue imposible conocer agendas y resultados de los viajes organizados por la Secretaría de Promoción Económica, el costo de las giras de la Secretaría de Turismo, los planes y proyectos para la construcción de obras a cargo de Desarrollo Urbano y diversas estadísticas sobre procuración de justicia.
Ramírez Acuña se ganó el apodo de "Paco el Opaco", después de que negó una copia de su recibo de nómina y aseguró que la Ley de Transparencia estatal estaba mal hecha.
El probable Secretario de Gobernación con Felipe Calderón, alegó que se trataba de información confidencial y que nadie podía sancionar al Gobernador de Jalisco.
"El Instituto (de Transparencia) no es mi superior jerárquico; el Gobernador no tiene superior jerárquico", argumentó cuando el instituto le denunció penalmente.
"(La Ley de Transparencia) es una ley con muchas deficiencias y una ley que, evidentemente, va a tener que ser modificada", señaló Ramírez Acuña.
Cuando entró en vigencia la ley, el 23 de septiembre de 2005, un ciudadano solicitó a todos los alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y a los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial copia simple de su recibo de nómina más reciente.
Todos la entregaron, menos Ramírez Acuña, quien alegó primero que se trataba de información confidencial, y luego no la entregó.
Cuando el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), presentó una denuncia penal contra el Mandatario por abuso de autoridad, Ramírez Acuña acudió al Tribunal Administrativo del Estado para evitar la entrega de datos sobre su sueldo.
Aunque durante su administración se aprobó la Ley de Transparencia, Ramírez Acuña mostró posiciones contradictorias sobre su observancia.
Primero, publicó la ley como estaba y luego dijo que estaba mal hecha. Argumentó que si la hubiera vetado por los errores que le veía, iba a ser tachado de opaco.
Promovió la entrega de información pública y ordenó la apertura de unidades de transparencia en todas las dependencias de su administración.
Sin embargo, varias instancias de su administración promovieron juicios para no entregar información.
Tortura e impunidad
Organizaciones No Gubernamentales reprobaron a Ramírez Acuña en materia de derechos humanos.
Diversas organizaciones defensoras los derechos humanos expresaron su inquietud por el inminente arribo de Ramírez Acuña al gabinete del Presidente electo, Felipe Calderón.
Francisco Macías Medina, coordinador del Centro de Justicia para la Paz, señaló que la práctica de la tortura fue una característica de la gestión de Ramírez Acuña.
"Antes de iniciar su administración había 24 quejas (sobre tortura), y al finalizar hay más de 700 quejas, lo que implica un incremento de un 900 por ciento", dijo.
Con datos del Comité contra la Tortura, Macías informó que Jalisco registra un 100 por ciento de impunidad, y de 1997 al 2004 no se ha investigado ni sancionado a ninguna persona acusada de tortura.
"En caso de que él tomara una cartera del área de seguridad, sería un mensaje preocupante para la ciudadanía de todo el País", señaló.
Carlos Manuel Barba, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), se unió a los cuestionamientos de las ONG jaliscienses por la actuación del mandatario con licencia.
"Estaría de acuerdo desde la perspectiva de la institución que representamos (CEDHJ), y tomando en consideración también que la mayoría de las recomendaciones fueron emitidas a la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad e incluso el propio Ejecutivo", expresó.
Caracterizan gestión de Gobernador con licencia de Jalisco obstáculos a apertura
José David Estrada y Héctor Padilla
Guadalajara, México (23 noviembre 2006).- Como Gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña batió récord en opacidad.
Durante su gestión, varias dependencias del gobierno estatal optaron por ir a juicio antes que entregar información, o bien la entregaban incompleta.
Así, fue imposible conocer agendas y resultados de los viajes organizados por la Secretaría de Promoción Económica, el costo de las giras de la Secretaría de Turismo, los planes y proyectos para la construcción de obras a cargo de Desarrollo Urbano y diversas estadísticas sobre procuración de justicia.
Ramírez Acuña se ganó el apodo de "Paco el Opaco", después de que negó una copia de su recibo de nómina y aseguró que la Ley de Transparencia estatal estaba mal hecha.
El probable Secretario de Gobernación con Felipe Calderón, alegó que se trataba de información confidencial y que nadie podía sancionar al Gobernador de Jalisco.
"El Instituto (de Transparencia) no es mi superior jerárquico; el Gobernador no tiene superior jerárquico", argumentó cuando el instituto le denunció penalmente.
"(La Ley de Transparencia) es una ley con muchas deficiencias y una ley que, evidentemente, va a tener que ser modificada", señaló Ramírez Acuña.
Cuando entró en vigencia la ley, el 23 de septiembre de 2005, un ciudadano solicitó a todos los alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y a los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial copia simple de su recibo de nómina más reciente.
Todos la entregaron, menos Ramírez Acuña, quien alegó primero que se trataba de información confidencial, y luego no la entregó.
Cuando el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), presentó una denuncia penal contra el Mandatario por abuso de autoridad, Ramírez Acuña acudió al Tribunal Administrativo del Estado para evitar la entrega de datos sobre su sueldo.
Aunque durante su administración se aprobó la Ley de Transparencia, Ramírez Acuña mostró posiciones contradictorias sobre su observancia.
Primero, publicó la ley como estaba y luego dijo que estaba mal hecha. Argumentó que si la hubiera vetado por los errores que le veía, iba a ser tachado de opaco.
Promovió la entrega de información pública y ordenó la apertura de unidades de transparencia en todas las dependencias de su administración.
Sin embargo, varias instancias de su administración promovieron juicios para no entregar información.
Tortura e impunidad
Organizaciones No Gubernamentales reprobaron a Ramírez Acuña en materia de derechos humanos.
Diversas organizaciones defensoras los derechos humanos expresaron su inquietud por el inminente arribo de Ramírez Acuña al gabinete del Presidente electo, Felipe Calderón.
Francisco Macías Medina, coordinador del Centro de Justicia para la Paz, señaló que la práctica de la tortura fue una característica de la gestión de Ramírez Acuña.
"Antes de iniciar su administración había 24 quejas (sobre tortura), y al finalizar hay más de 700 quejas, lo que implica un incremento de un 900 por ciento", dijo.
Con datos del Comité contra la Tortura, Macías informó que Jalisco registra un 100 por ciento de impunidad, y de 1997 al 2004 no se ha investigado ni sancionado a ninguna persona acusada de tortura.
"En caso de que él tomara una cartera del área de seguridad, sería un mensaje preocupante para la ciudadanía de todo el País", señaló.
Carlos Manuel Barba, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), se unió a los cuestionamientos de las ONG jaliscienses por la actuación del mandatario con licencia.
"Estaría de acuerdo desde la perspectiva de la institución que representamos (CEDHJ), y tomando en consideración también que la mayoría de las recomendaciones fueron emitidas a la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad e incluso el propio Ejecutivo", expresó.
Tiene Ramírez Acuña récord en opacidad
Caracterizan gestión de Gobernador con licencia de Jalisco obstáculos a apertura
José David Estrada y Héctor Padilla
Guadalajara, México (23 noviembre 2006).- Como Gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña batió récord en opacidad.
Durante su gestión, varias dependencias del gobierno estatal optaron por ir a juicio antes que entregar información, o bien la entregaban incompleta.
Así, fue imposible conocer agendas y resultados de los viajes organizados por la Secretaría de Promoción Económica, el costo de las giras de la Secretaría de Turismo, los planes y proyectos para la construcción de obras a cargo de Desarrollo Urbano y diversas estadísticas sobre procuración de justicia.
Ramírez Acuña se ganó el apodo de "Paco el Opaco", después de que negó una copia de su recibo de nómina y aseguró que la Ley de Transparencia estatal estaba mal hecha.
El probable Secretario de Gobernación con Felipe Calderón, alegó que se trataba de información confidencial y que nadie podía sancionar al Gobernador de Jalisco.
"El Instituto (de Transparencia) no es mi superior jerárquico; el Gobernador no tiene superior jerárquico", argumentó cuando el instituto le denunció penalmente.
"(La Ley de Transparencia) es una ley con muchas deficiencias y una ley que, evidentemente, va a tener que ser modificada", señaló Ramírez Acuña.
Cuando entró en vigencia la ley, el 23 de septiembre de 2005, un ciudadano solicitó a todos los alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y a los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial copia simple de su recibo de nómina más reciente.
Todos la entregaron, menos Ramírez Acuña, quien alegó primero que se trataba de información confidencial, y luego no la entregó.
Cuando el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), presentó una denuncia penal contra el Mandatario por abuso de autoridad, Ramírez Acuña acudió al Tribunal Administrativo del Estado para evitar la entrega de datos sobre su sueldo.
Aunque durante su administración se aprobó la Ley de Transparencia, Ramírez Acuña mostró posiciones contradictorias sobre su observancia.
Primero, publicó la ley como estaba y luego dijo que estaba mal hecha. Argumentó que si la hubiera vetado por los errores que le veía, iba a ser tachado de opaco.
Promovió la entrega de información pública y ordenó la apertura de unidades de transparencia en todas las dependencias de su administración.
Sin embargo, varias instancias de su administración promovieron juicios para no entregar información.
Tortura e impunidad
Organizaciones No Gubernamentales reprobaron a Ramírez Acuña en materia de derechos humanos.
Diversas organizaciones defensoras los derechos humanos expresaron su inquietud por el inminente arribo de Ramírez Acuña al gabinete del Presidente electo, Felipe Calderón.
Francisco Macías Medina, coordinador del Centro de Justicia para la Paz, señaló que la práctica de la tortura fue una característica de la gestión de Ramírez Acuña.
"Antes de iniciar su administración había 24 quejas (sobre tortura), y al finalizar hay más de 700 quejas, lo que implica un incremento de un 900 por ciento", dijo.
Con datos del Comité contra la Tortura, Macías informó que Jalisco registra un 100 por ciento de impunidad, y de 1997 al 2004 no se ha investigado ni sancionado a ninguna persona acusada de tortura.
"En caso de que él tomara una cartera del área de seguridad, sería un mensaje preocupante para la ciudadanía de todo el País", señaló.
Carlos Manuel Barba, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), se unió a los cuestionamientos de las ONG jaliscienses por la actuación del mandatario con licencia.
"Estaría de acuerdo desde la perspectiva de la institución que representamos (CEDHJ), y tomando en consideración también que la mayoría de las recomendaciones fueron emitidas a la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad e incluso el propio Ejecutivo", expresó.
José David Estrada y Héctor Padilla
Guadalajara, México (23 noviembre 2006).- Como Gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña batió récord en opacidad.
Durante su gestión, varias dependencias del gobierno estatal optaron por ir a juicio antes que entregar información, o bien la entregaban incompleta.
Así, fue imposible conocer agendas y resultados de los viajes organizados por la Secretaría de Promoción Económica, el costo de las giras de la Secretaría de Turismo, los planes y proyectos para la construcción de obras a cargo de Desarrollo Urbano y diversas estadísticas sobre procuración de justicia.
Ramírez Acuña se ganó el apodo de "Paco el Opaco", después de que negó una copia de su recibo de nómina y aseguró que la Ley de Transparencia estatal estaba mal hecha.
El probable Secretario de Gobernación con Felipe Calderón, alegó que se trataba de información confidencial y que nadie podía sancionar al Gobernador de Jalisco.
"El Instituto (de Transparencia) no es mi superior jerárquico; el Gobernador no tiene superior jerárquico", argumentó cuando el instituto le denunció penalmente.
"(La Ley de Transparencia) es una ley con muchas deficiencias y una ley que, evidentemente, va a tener que ser modificada", señaló Ramírez Acuña.
Cuando entró en vigencia la ley, el 23 de septiembre de 2005, un ciudadano solicitó a todos los alcaldes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y a los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial copia simple de su recibo de nómina más reciente.
Todos la entregaron, menos Ramírez Acuña, quien alegó primero que se trataba de información confidencial, y luego no la entregó.
Cuando el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), presentó una denuncia penal contra el Mandatario por abuso de autoridad, Ramírez Acuña acudió al Tribunal Administrativo del Estado para evitar la entrega de datos sobre su sueldo.
Aunque durante su administración se aprobó la Ley de Transparencia, Ramírez Acuña mostró posiciones contradictorias sobre su observancia.
Primero, publicó la ley como estaba y luego dijo que estaba mal hecha. Argumentó que si la hubiera vetado por los errores que le veía, iba a ser tachado de opaco.
Promovió la entrega de información pública y ordenó la apertura de unidades de transparencia en todas las dependencias de su administración.
Sin embargo, varias instancias de su administración promovieron juicios para no entregar información.
Tortura e impunidad
Organizaciones No Gubernamentales reprobaron a Ramírez Acuña en materia de derechos humanos.
Diversas organizaciones defensoras los derechos humanos expresaron su inquietud por el inminente arribo de Ramírez Acuña al gabinete del Presidente electo, Felipe Calderón.
Francisco Macías Medina, coordinador del Centro de Justicia para la Paz, señaló que la práctica de la tortura fue una característica de la gestión de Ramírez Acuña.
"Antes de iniciar su administración había 24 quejas (sobre tortura), y al finalizar hay más de 700 quejas, lo que implica un incremento de un 900 por ciento", dijo.
Con datos del Comité contra la Tortura, Macías informó que Jalisco registra un 100 por ciento de impunidad, y de 1997 al 2004 no se ha investigado ni sancionado a ninguna persona acusada de tortura.
"En caso de que él tomara una cartera del área de seguridad, sería un mensaje preocupante para la ciudadanía de todo el País", señaló.
Carlos Manuel Barba, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), se unió a los cuestionamientos de las ONG jaliscienses por la actuación del mandatario con licencia.
"Estaría de acuerdo desde la perspectiva de la institución que representamos (CEDHJ), y tomando en consideración también que la mayoría de las recomendaciones fueron emitidas a la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad e incluso el propio Ejecutivo", expresó.
sábado, noviembre 25, 2006
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AMLO SIGUE ENVIANDO INICIATIVAS.
http://www.poresto.net/v06/index.php?option=com_content&task=view&id=10978&Itemid=49
Otra iniciativa
sábado, 25 de noviembre de 2006
Los funcionarios federales que integrarán el gabinete social del próximo gobierno son unos sirvientes de los poderosos, afirmó Andrés Manuel López Obrador.
Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México, enviará la próxima semana su segunda iniciativa de ley al Congreso la Unión / Podría referirse al campo mexicano, al sector energético o al Tratado de Libre Comercio de América del Norte
MEXICO, D.F., 24 de noviembre (LA JORNADA).- El Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, enviará la próxima semana su segunda iniciativa de ley al Congreso la Unión, en esta ocasión se turnará a los diputados federales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia (PC) que forman el Frente Amplio Progresista (FAP).
Trascendió que la nueva iniciativa podría referirse al campo mexicano, al sector energético o al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, temas torales de sus 50 compromisos hechos públicos durante su campaña proselitista como candidato presidencial de la coalición por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia).
López Obrador propuso durante su campaña modernizar el sector energético sin privatizar la industria eléctrica ni el petróleo, se comprometió en dar valor agregado al petróleo para generar empleos. Se propuso también poner en marcha un programa integral de fomento agropecuario que promueva, al mismo tiempo, la economía de autoconsumo en las comunidades, la producción destinada al mercado interno y las actividades agropecuarias de exportación. Hizo el compromiso de buscar un acuerdo con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para evitar que se aplique en 2008, como se establece en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la libre importación de maíz y fríjol de cuyos cultivos dependen alrededor de tres millones de familias campesinas.
El “gobierno legítimo” anunció que el envío de iniciativas a las cámaras de Diputados y Senadores será constante a lo largo del nuevo sexenio. El miércoles pasado, el “gobierno legítimo” de México presentó su primera iniciativa legislativa -ley sobre precios competitivos- con el propósito de acabar con los monopolios económicos y políticos vinculados al mercado de bienes y servicios, regular y corregir los excesos de precios y costos exagerados en cemento, telefonía, electricidad, crédito bancario y gasolina; pero, sobre todo, señala, busca mejorar los ingresos de las familias mexicanas.
MEXICALI, B.C., 24 de noviembre (NTX).- El ex candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, convocó a los bajacalifornianos a sumarse a su lucha política a través de una red de represenantes que conformará a nivel nacional.
En un encuentro al que acudieron cientos de sus seguidores en esta capital, el político tabasqueño dijo que con esta red de representantes busca “proteger a la población y defender el patrimonio nacional”.
Anunció que en los próximos años dividirá su agenda en el Distrito Federal y el resto del país para visitar los más de dos mil municipios de México.
Durante un breve discurso, dijo que el principal objetivo de su gira es convocar a los ciudadanos a sumarse a la red, porque será el sustento del nuevo movimiento que realizará con el objetivo de “sacar al Partido Acción Nacional del poder”.
Puntualizó que la red de representantes vigilará, defenderá y evitará el cobro de mayores impuestos y la privatización de la industria eléctrica y petrolera, además de velar por la educación pública.
El ex aspirante presidencial partió a Hermosillo, Sonora, como parte de su gira por las ciudades del noroeste del país, donde participará en una reunión pública con militantes y simpatizantes, por la tarde.
Este sábado, el político tabasqueño visitará Ciudad Obregón, Sonora, y más tarde viajará a Los Mochis, en Sinaloa.
MEXICALI, B.C., 24 de noviembre (UNIVERSAL).- Los funcionarios federales que integrarán el gabinete social del próximo gobierno son unos sirvientes de los poderosos, de los potentados, que no servirán al pueblo, afirmó hoy en esta ciudad el Presidente Legítimo, Andrés Manuel López Obrador.
Previo a un mitin que sostuvo ante cientos de personas, López Obrador dijo que los seis funcionarios federales nombrados por Calderón Hinojosa, como parte de su gabinete social, no le van servir al pueblo, sólo servirán a las minorías rapaces del país.
“Felipe Calderón es un pelele, es un títere de los poderosos, esos no es un insulto, es sólo una descripción, a él lo pusieron los potentados para conservar y acrecentar los privilegios de unos cuantos”, dijo el entrevistado.
Durante la realización del acto, López Obrador invitó a los asistentes a que se registraran en un documento que es una especie de carta compromiso del Gobierno Legítimo como “vigilantes del gobierno de la derecha”.
Informó que elaborarán una carta pública donde se establezcan los compromisos de este Gobierno Legítimo que cuenta con doce secretarios federales, en donde destacan la no privatización de los energéticos, de la educación, que no se reduzca aun más el salario de los trabajadores, que no se permitirá el cobro del IVA en medicamentos y alimentos, que no se permitirán los privilegios fiscales, entre otros puntos.
“Al final de esa carta”, dijo López Obrador, “se va a decir que de manera conciente libre y voluntaria se acepta ser representante del gobierno legítimo y que se va a estar atento a cualquier llamado que haga el Presidente Legítimo cuando sea necesario, se va afirmar el escrito de manera individual, se va a poner la huella y a todos esas personas se les entregará una credencial que los acreditará como representantes del Gobierno Legítimo, la cual estará firmada por mí”, dijo durante la reunión con perredistas que se desarrolló en el salón de los burócratas.
López Obrador dijo que en los más de 2 mil 500 municipios del país están haciendo estas redes de representantes del Gobierno Legítimo.
“En la práctica estas redes y organizaciones servirán de mucho porque de esta manera nosotros vamos a mantener controlado al gobierno de la derecha, para que se entienda mejor, los vamos a traer a mecate corto”, expresó López Obrador.
Dijo que no permitirá que el “gobierno de la derecha” privatice los energéticos y se quede “con lo poco que han dejado”.
Otra iniciativa
sábado, 25 de noviembre de 2006
Los funcionarios federales que integrarán el gabinete social del próximo gobierno son unos sirvientes de los poderosos, afirmó Andrés Manuel López Obrador.
Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México, enviará la próxima semana su segunda iniciativa de ley al Congreso la Unión / Podría referirse al campo mexicano, al sector energético o al Tratado de Libre Comercio de América del Norte
MEXICO, D.F., 24 de noviembre (LA JORNADA).- El Presidente Legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, enviará la próxima semana su segunda iniciativa de ley al Congreso la Unión, en esta ocasión se turnará a los diputados federales de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia (PC) que forman el Frente Amplio Progresista (FAP).
Trascendió que la nueva iniciativa podría referirse al campo mexicano, al sector energético o al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, temas torales de sus 50 compromisos hechos públicos durante su campaña proselitista como candidato presidencial de la coalición por el Bien de Todos (PRD-PT-Convergencia).
López Obrador propuso durante su campaña modernizar el sector energético sin privatizar la industria eléctrica ni el petróleo, se comprometió en dar valor agregado al petróleo para generar empleos. Se propuso también poner en marcha un programa integral de fomento agropecuario que promueva, al mismo tiempo, la economía de autoconsumo en las comunidades, la producción destinada al mercado interno y las actividades agropecuarias de exportación. Hizo el compromiso de buscar un acuerdo con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá para evitar que se aplique en 2008, como se establece en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la libre importación de maíz y fríjol de cuyos cultivos dependen alrededor de tres millones de familias campesinas.
El “gobierno legítimo” anunció que el envío de iniciativas a las cámaras de Diputados y Senadores será constante a lo largo del nuevo sexenio. El miércoles pasado, el “gobierno legítimo” de México presentó su primera iniciativa legislativa -ley sobre precios competitivos- con el propósito de acabar con los monopolios económicos y políticos vinculados al mercado de bienes y servicios, regular y corregir los excesos de precios y costos exagerados en cemento, telefonía, electricidad, crédito bancario y gasolina; pero, sobre todo, señala, busca mejorar los ingresos de las familias mexicanas.
MEXICALI, B.C., 24 de noviembre (NTX).- El ex candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador, convocó a los bajacalifornianos a sumarse a su lucha política a través de una red de represenantes que conformará a nivel nacional.
En un encuentro al que acudieron cientos de sus seguidores en esta capital, el político tabasqueño dijo que con esta red de representantes busca “proteger a la población y defender el patrimonio nacional”.
Anunció que en los próximos años dividirá su agenda en el Distrito Federal y el resto del país para visitar los más de dos mil municipios de México.
Durante un breve discurso, dijo que el principal objetivo de su gira es convocar a los ciudadanos a sumarse a la red, porque será el sustento del nuevo movimiento que realizará con el objetivo de “sacar al Partido Acción Nacional del poder”.
Puntualizó que la red de representantes vigilará, defenderá y evitará el cobro de mayores impuestos y la privatización de la industria eléctrica y petrolera, además de velar por la educación pública.
El ex aspirante presidencial partió a Hermosillo, Sonora, como parte de su gira por las ciudades del noroeste del país, donde participará en una reunión pública con militantes y simpatizantes, por la tarde.
Este sábado, el político tabasqueño visitará Ciudad Obregón, Sonora, y más tarde viajará a Los Mochis, en Sinaloa.
MEXICALI, B.C., 24 de noviembre (UNIVERSAL).- Los funcionarios federales que integrarán el gabinete social del próximo gobierno son unos sirvientes de los poderosos, de los potentados, que no servirán al pueblo, afirmó hoy en esta ciudad el Presidente Legítimo, Andrés Manuel López Obrador.
Previo a un mitin que sostuvo ante cientos de personas, López Obrador dijo que los seis funcionarios federales nombrados por Calderón Hinojosa, como parte de su gabinete social, no le van servir al pueblo, sólo servirán a las minorías rapaces del país.
“Felipe Calderón es un pelele, es un títere de los poderosos, esos no es un insulto, es sólo una descripción, a él lo pusieron los potentados para conservar y acrecentar los privilegios de unos cuantos”, dijo el entrevistado.
Durante la realización del acto, López Obrador invitó a los asistentes a que se registraran en un documento que es una especie de carta compromiso del Gobierno Legítimo como “vigilantes del gobierno de la derecha”.
Informó que elaborarán una carta pública donde se establezcan los compromisos de este Gobierno Legítimo que cuenta con doce secretarios federales, en donde destacan la no privatización de los energéticos, de la educación, que no se reduzca aun más el salario de los trabajadores, que no se permitirá el cobro del IVA en medicamentos y alimentos, que no se permitirán los privilegios fiscales, entre otros puntos.
“Al final de esa carta”, dijo López Obrador, “se va a decir que de manera conciente libre y voluntaria se acepta ser representante del gobierno legítimo y que se va a estar atento a cualquier llamado que haga el Presidente Legítimo cuando sea necesario, se va afirmar el escrito de manera individual, se va a poner la huella y a todos esas personas se les entregará una credencial que los acreditará como representantes del Gobierno Legítimo, la cual estará firmada por mí”, dijo durante la reunión con perredistas que se desarrolló en el salón de los burócratas.
López Obrador dijo que en los más de 2 mil 500 municipios del país están haciendo estas redes de representantes del Gobierno Legítimo.
“En la práctica estas redes y organizaciones servirán de mucho porque de esta manera nosotros vamos a mantener controlado al gobierno de la derecha, para que se entienda mejor, los vamos a traer a mecate corto”, expresó López Obrador.
Dijo que no permitirá que el “gobierno de la derecha” privatice los energéticos y se quede “con lo poco que han dejado”.
CONDENA LA ONU REPRESIÓN POLICIACA EN MEXICO.
http://www.poresto.net/v06/index.php?option=com_content&task=view&id=10984&Itemid=49
Condena la ONU
sábado, 25 de noviembre de 2006
El informe de la ONU indicó que también han ocurrido abusos de las fuerzas policiacas en Oaxaca, donde a fines de octubre el Gobierno de Fox envió a la Policía Federal Preventiva para que "restaurara el orden". (UNIVERSAL)
Dice en un informe que hay abusos generalizados de las fuerzas policiacas en México
MEXICO, D.F., 24 de noviembre (AP).- Un informe de la ONU dado a conocer el viernes expresa preocupación en torno a los abusos generalizados de la policía en México, en especial "el uso indiscriminado de detenciones arbitrarias".
El informe elaborado por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura menciona varias represiones policiales a protestas entre el 2006 y el 2004, en las que considera que los agentes se excedieron, presuntamente abusando sexualmente de mujeres manifestantes y golpeando a otras.
En especial, el documento presenta el ejemplo de San Salvador Atenco, poblado ubicado a 25 kilómetros al noreste de la ciudad de México, donde en mayo policías federales supuestamente violaron a mujeres y golpearon a manifestantes después de que éstos secuestraron y agredieron a seis agentes que intentaban impedir que vendedores callejeros colocaran sus puestos.
Veintitrés mujeres detenidas dijeron haber sido abusadas sexualmente por agentes y otras denunciaron que las habían golpeado con porras.
El comité también mencionó una protesta contra la globalización efectuada en mayo del 2004 en Guadalajara, ciudad ubicada a 450 kilómetros al noroeste de la ciudad de México, donde la policía detuvo hasta a 60 manifestantes después de que se produjeron enfrentamientos. Varios fueron puestos en libertad más tarde sin que se les aplicaran cargos.
El informe indicó que también han ocurrido abusos similares en el estado sureño de Oaxaca, donde a fines de octubre el gobierno del país envió a la policía federal para que restaurara el orden, después de que manifestantes antigubernamentales impidieron que funcionarios locales entraran al centro de la ciudad durante casi cinco meses. El documento no proporcionó ningún detalle sobre esas acusaciones.
El texto elaborado por el comité contra la tortura le pidió a México "garantizar que el uso de la fuerza sólo será utilizado como último recurso".
El jueves, funcionarios de la ONU en la ciudad de México difundieron un informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
El documento, que propone 42 recomendaciones para que México logre disminuir la violencia contra las mujeres, señaló que el país necesita hacer más para detener este tipo de actos violentos, en especial en Ciudad Juárez, donde las autoridades dicen que más de 100 mujeres fueron asesinadas entre 1993 y el 2001, lo cual provocó protestas a nivel internacional.
Condena la ONU
sábado, 25 de noviembre de 2006
El informe de la ONU indicó que también han ocurrido abusos de las fuerzas policiacas en Oaxaca, donde a fines de octubre el Gobierno de Fox envió a la Policía Federal Preventiva para que "restaurara el orden". (UNIVERSAL)
Dice en un informe que hay abusos generalizados de las fuerzas policiacas en México
MEXICO, D.F., 24 de noviembre (AP).- Un informe de la ONU dado a conocer el viernes expresa preocupación en torno a los abusos generalizados de la policía en México, en especial "el uso indiscriminado de detenciones arbitrarias".
El informe elaborado por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura menciona varias represiones policiales a protestas entre el 2006 y el 2004, en las que considera que los agentes se excedieron, presuntamente abusando sexualmente de mujeres manifestantes y golpeando a otras.
En especial, el documento presenta el ejemplo de San Salvador Atenco, poblado ubicado a 25 kilómetros al noreste de la ciudad de México, donde en mayo policías federales supuestamente violaron a mujeres y golpearon a manifestantes después de que éstos secuestraron y agredieron a seis agentes que intentaban impedir que vendedores callejeros colocaran sus puestos.
Veintitrés mujeres detenidas dijeron haber sido abusadas sexualmente por agentes y otras denunciaron que las habían golpeado con porras.
El comité también mencionó una protesta contra la globalización efectuada en mayo del 2004 en Guadalajara, ciudad ubicada a 450 kilómetros al noroeste de la ciudad de México, donde la policía detuvo hasta a 60 manifestantes después de que se produjeron enfrentamientos. Varios fueron puestos en libertad más tarde sin que se les aplicaran cargos.
El informe indicó que también han ocurrido abusos similares en el estado sureño de Oaxaca, donde a fines de octubre el gobierno del país envió a la policía federal para que restaurara el orden, después de que manifestantes antigubernamentales impidieron que funcionarios locales entraran al centro de la ciudad durante casi cinco meses. El documento no proporcionó ningún detalle sobre esas acusaciones.
El texto elaborado por el comité contra la tortura le pidió a México "garantizar que el uso de la fuerza sólo será utilizado como último recurso".
El jueves, funcionarios de la ONU en la ciudad de México difundieron un informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.
El documento, que propone 42 recomendaciones para que México logre disminuir la violencia contra las mujeres, señaló que el país necesita hacer más para detener este tipo de actos violentos, en especial en Ciudad Juárez, donde las autoridades dicen que más de 100 mujeres fueron asesinadas entre 1993 y el 2001, lo cual provocó protestas a nivel internacional.
miércoles, noviembre 22, 2006
BOLETINES DE PRENSA DEL PEJE
Salen estos cuatro boletines de prensa de la Presidencia Legítima:
BOLETÍN 1
COMUNICADO DE PRENSA 000001
PRESENTA LÓPEZ OBRADOR PROYECTO
DE LEY SOBRE PRECIOS COMPETITIVOS
• Habría mayor capacidad para competir contra los productores de otros países, mayor empleo, el salario alcanzaría para comprar más y la inflación bajaría
• La propuesta ayudaría a las familias a ahorrar parte de su gasto, a los jóvenes, a la industria y el comercio, a las amas de casa y a los profesionistas
La economía nacional está agobiada por dos graves problemas: los monopolios y el cobro insuficiente de impuestos. Los dos proyectos de ley que presentamos contribuyen a comprender ambos problemas y ofrecen propuestas viables a un Congreso comprometido con el bienestar nacional.
1.- LEY DE PRECIOS COMPETITIVOS
Proponemos una ley que regule los excesos de precios o los precios exagerados, según los describe el artículo 28 de la Constitución. Los monopolios están prohibidos por la Constitución. Sin embargo, en la práctica muchas empresas se comportan como monopolios, debido al gran poder económico que tienen y sobre todo al poder que ejercen en determinados mercados de bienes y de servicios. En esos mercados lo que encontramos es que los precios son mucho mayores que en casi cualquier otro país del mundo. En todos los casos son mucho mayores que los precios en Estados Unidos, a pesar de que el salario promedio de ese país es casi diez veces mayor que el salario en México. Así, por ejemplo, el salario mínimo en Estados Unidos es de $445 pesos por día cuando en México es de $47.21. Aun así, la familia mexicana paga más de 2 veces por el cemento que compra con respecto a lo que paga la familia de Estados Unidos. Paga casi tres veces por una línea de Internet de banda ancha. Paga más de tres veces por cada minuto en una llamada de teléfono celular. Paga más del doble por la electricidad. Y paga casi tres veces por la tasa de interés de las tarjetas de crédito. Esto último, a pesar de que se trata de los mismos bancos otorgantes del crédito en México y en Estados Unidos.
Esta situación injusta para las familias mexicanas golpea a todos, pero sobre todo a la clase popular y a la clase media, que constantemente se están esforzando por hacer que el dinero alcance y a pesar de ello no lo logran. Pero también golpea a las familias de mayores ingresos. Para todos el exceso de precios es una reducción directa al poder de compra del salario.
Una política pública que constantemente castiga a la mayoría de la población debe corregirse sin mayor argumento. Más aun, cuando el daño a estos sectores de la población por otra parte es un beneficio para unos cuantos monopolistas.
En México es difícil explicar que estos abusos de precios existan año tras año, pero sobre todo desde que se privatizaron las empresas del estado, se eliminaron los apoyos a la población de menores recursos; y más tarde se rescataron a los bancos para venderlos a la banca extranjera, pues entre otras justificaciones quienes promovían estas medidas argumentaban que iban a hacernos más eficientes y lograrían bajar los precios. La única explicación de que estos productos y servicios se hayan encarecido es que ni el gobierno ni sus organismos reguladores han sido libres para actuar a nombre de la mayoría.
Hoy estamos en una nueva situación que ya no permite estos abusos. En lo económico, México es una economía totalmente expuesta a la competencia del exterior y por lo mismo si no tiene precios competitivos no va a sobrevivir en la globalización. En lo político, la gente se da cuenta de lo que hace el gobierno y sabe que los abusos de los monopolios sólo existen porque el gobierno lo permite.
Los analistas de las casas de bolsa conocen perfectamente los dos lados de la moneda: la carestía para la mayoría y el beneficio para unas cuantas empresas. Por eso señalan que las empresas mexicanas tienen grandes utilidades, mucho mayores que las que tienen cuando invierten en otros países. América Móvil (Telcel) tiene en México un margen de utilidad de 50%, pero en sus ventas en Brasil apenas logra 25% y en Argentina 9 por ciento. Cemex tiene ganancias en México de 40%, pero en Estados Unidos son de 31 por ciento. Banamex tiene ganancias de 33%, cuando su matriz, Citigroup, tiene ganancias de 24% en Estados Unidos. Kimberly Clark tiene ganancias de 30% cuando a escala mundial sus ganancias son 20 por ciento.
La propuesta de ley que hacemos, de ser aprobada por el Congreso, también traerá beneficios para la economía. Habrá mayor capacidad para competir contra los productores de otros países. Habrá mayor empleo. El salario alcanzará para comprar más. La inflación bajará.
Pero más importante que todo ello es que el país será más justo. Valen algunas precisiones sobre esta propuesta de ley.
La ley busca ser complementar la actual legislación en materia de competencia, pero enfocarse directamente en los precios, pues esta legislación y la Comisión Federal de Competencia se enfocan sobre las conductas de las empresas; así lo han estado haciendo desde 1993 cuando se crearon la ley y la Comisión. La ley y la Comisión de Precios Competitivos que proponemos deben tener un ámbito de acción independiente del ámbito de la actual CFC, aunque complementario. Esto es conveniente para evitar el conflicto de intereses. En particular, porque el tratamiento de asuntos relacionados con conductas monopólicas es menos directo y menos contundente que el tratamiento que aquí proponemos para identificar y para corregir los precios exagerados.
La ley no es para controlar los precios; por el contrario, es una ley que permitiría de manera mucho más libre el sano equilibrio de la oferta y la demanda del mercado, buscando la oferta del exterior cuando la oferta interna resulte excesivamente costosa. Esa es la filosofía de la apertura económica y de la globalización. Aunque en el pasado México se daba el lujo de mantener sectores protegidos los cuales podían vender a precios mayores a los internacionales. La mayor parte de esa protección fue eliminada a partir de los 80s; sin embargo, se mantuvo para sectores privilegiados. Esos sectores hoy son muy importantes para toda la economía.
Lo que esta ley propone es quitarles la protección del estado consistente en privilegios de exclusividad o protección de hecho en contra de importaciones sustitutas, en caso de que se demuestre que sus productos o servicios se venden a precios significativamente más altos que los precios de nuestra zona internacional de referencia, es decir Norteamérica y Centroamérica. En ningún momento la ley que proponemos utiliza el control de precios como mecanismo para reducirlos.
En cuanto al sector energético de propiedad estatal, lo que proponemos es que no abuse de su condición de monopolio y venda a precios competitivos. En este caso, el sector energético produce con costos menores a los precios internacionales y sería capaz de producir aun con menores precios si llega a eliminar su ineficiencia, mala contabilidad de costos y corrupción en contratos públicos. Lo que proponemos es que por encima de su costo el sector energético tenga un margen de utilidad razonable y que en razón de ello los precios a los cuales ofrezca insumos sean competitivos con los del exterior.
Lo anterior no es un capricho de nosotros para reducir las rentas ni del sector energético ni del sector empresarial. En primer lugar es de elemental justicia para las familias mexicanas y especialmente para las más modestas. En segundo lugar es necesario para la competitividad de la economía: con insumos energéticos u oros demasiado caros, las industrias no podrán competir y no habrá empleos. En tercer lugar, es consistente con el funcionamiento del resto de la economía. Si el resto de la economía está expuesto a la competencia de la globalización, no hay ninguna justificación para que esas pocas empresas y sectores son lo estén.
Cómo ayuda la ley a las familias más modestas
Nuestra propuesta ayudaría a las familias a ahorrar parte de su gasto, entre el 10% para las familias más pobres, al lograrse la corrección de precios exagerados comparados con los precios internacionales en una amplia gama de productos y servicios. La reducción sería de 6% del gasto actual para familias con ingresos alrededor de 10 mil pesos mensuales. Y sería de 4% para familias con ingresos de 20 mil pesos mensuales. El ahorro de las familias se origina en menores precios de la electricidad, el gas, la gasolina, la telefonía, el transporte, los materiales de construcción de sus viviendas y los créditos para sus casas.
Debemos aclarar que estas reducciones no son subsidios, como generalmente se maneja en el gobierno. Se trata de alinearse a los precios internacionales en aquellos casos en que los precios actuales son exageradamente altos. Los actuales subsidios se calculan así porque el gobierno ha difundido la creencia de que el consumidor debe pagar precios que permitan al sector de electricidad recuperar sus costos. Sin embargo, esos costos están calculados de manera también exagerada y por otra parte contienen muchas ineficiencias que los productores pueden y deben eliminar.
Cómo ayuda a los jóvenes
Esta ley también ayudaría a los jóvenes, porque les abarataría el costo del Internet y de las llamadas telefónicas por línea fija o por celular, así como el costo de transporte a sus escuelas y centros de trabajo. Además, al reducirse el costo de la electricidad a precios comparables con los de Estados Unidos, contribuiría a la reducción en el costo de educación y esparcimiento.
Cómo ayuda a la industria y al comercio
Nuestro proyecto ayudaría a todos los industriales y comerciantes que sufren la competencia del exterior, en especial a la industria mediana y pequeña que está agobiada por costos muy altos en casi cada renglón de sus operaciones, desde impuestos hasta regulación. Abarataría sus insumos básicos, como la energía, el cemento, las comunicaciones y el crédito bancario. Reduciría el costo de la cobranza y de los pagos electrónicos, al propiciarse una oferta más barata y competitiva de servicios bancarios y de pagos. Estas industrias y comercios que han sufrido mucho por la pérdida de competitividad y pérdida de mercados a proveedores de Asia y de Sudamérica, recibirían un impulso nuevo.
Cómo ayudaría al empleo
Nuestro proyecto ayudaría a los desempleados y subempleados que hoy están impedidos de contratarse con la industria y el comercio ante la pérdida de mercado por exceso del costo de sus insumos.
Cómo ayudaría a las amas de casa
Ayudaría a las amas de casa al aumentar el poder de compra del ingreso familiar, permitiéndoles mayor holgura en la asignación del gasto familiar.
Cómo ayudaría a los profesionales
A los profesionales les ayudaría porque esta ley eliminaría precios que hoy son prohibitivos para modernizar sus oficinas o sus talleres, utilizar la banda ancha, los sistemas de cable y telefonía y los sistemas de pagos electrónicos. Eso les permitiría ser más innovadores, desarrollar nuevas capacidades, mejorar nivel de vida y su productividad y capacidad de emprender negocios.
BOLETÍN 1
COMUNICADO DE PRENSA 000001
PRESENTA LÓPEZ OBRADOR PROYECTO
DE LEY SOBRE PRECIOS COMPETITIVOS
• Habría mayor capacidad para competir contra los productores de otros países, mayor empleo, el salario alcanzaría para comprar más y la inflación bajaría
• La propuesta ayudaría a las familias a ahorrar parte de su gasto, a los jóvenes, a la industria y el comercio, a las amas de casa y a los profesionistas
La economía nacional está agobiada por dos graves problemas: los monopolios y el cobro insuficiente de impuestos. Los dos proyectos de ley que presentamos contribuyen a comprender ambos problemas y ofrecen propuestas viables a un Congreso comprometido con el bienestar nacional.
1.- LEY DE PRECIOS COMPETITIVOS
Proponemos una ley que regule los excesos de precios o los precios exagerados, según los describe el artículo 28 de la Constitución. Los monopolios están prohibidos por la Constitución. Sin embargo, en la práctica muchas empresas se comportan como monopolios, debido al gran poder económico que tienen y sobre todo al poder que ejercen en determinados mercados de bienes y de servicios. En esos mercados lo que encontramos es que los precios son mucho mayores que en casi cualquier otro país del mundo. En todos los casos son mucho mayores que los precios en Estados Unidos, a pesar de que el salario promedio de ese país es casi diez veces mayor que el salario en México. Así, por ejemplo, el salario mínimo en Estados Unidos es de $445 pesos por día cuando en México es de $47.21. Aun así, la familia mexicana paga más de 2 veces por el cemento que compra con respecto a lo que paga la familia de Estados Unidos. Paga casi tres veces por una línea de Internet de banda ancha. Paga más de tres veces por cada minuto en una llamada de teléfono celular. Paga más del doble por la electricidad. Y paga casi tres veces por la tasa de interés de las tarjetas de crédito. Esto último, a pesar de que se trata de los mismos bancos otorgantes del crédito en México y en Estados Unidos.
Esta situación injusta para las familias mexicanas golpea a todos, pero sobre todo a la clase popular y a la clase media, que constantemente se están esforzando por hacer que el dinero alcance y a pesar de ello no lo logran. Pero también golpea a las familias de mayores ingresos. Para todos el exceso de precios es una reducción directa al poder de compra del salario.
Una política pública que constantemente castiga a la mayoría de la población debe corregirse sin mayor argumento. Más aun, cuando el daño a estos sectores de la población por otra parte es un beneficio para unos cuantos monopolistas.
En México es difícil explicar que estos abusos de precios existan año tras año, pero sobre todo desde que se privatizaron las empresas del estado, se eliminaron los apoyos a la población de menores recursos; y más tarde se rescataron a los bancos para venderlos a la banca extranjera, pues entre otras justificaciones quienes promovían estas medidas argumentaban que iban a hacernos más eficientes y lograrían bajar los precios. La única explicación de que estos productos y servicios se hayan encarecido es que ni el gobierno ni sus organismos reguladores han sido libres para actuar a nombre de la mayoría.
Hoy estamos en una nueva situación que ya no permite estos abusos. En lo económico, México es una economía totalmente expuesta a la competencia del exterior y por lo mismo si no tiene precios competitivos no va a sobrevivir en la globalización. En lo político, la gente se da cuenta de lo que hace el gobierno y sabe que los abusos de los monopolios sólo existen porque el gobierno lo permite.
Los analistas de las casas de bolsa conocen perfectamente los dos lados de la moneda: la carestía para la mayoría y el beneficio para unas cuantas empresas. Por eso señalan que las empresas mexicanas tienen grandes utilidades, mucho mayores que las que tienen cuando invierten en otros países. América Móvil (Telcel) tiene en México un margen de utilidad de 50%, pero en sus ventas en Brasil apenas logra 25% y en Argentina 9 por ciento. Cemex tiene ganancias en México de 40%, pero en Estados Unidos son de 31 por ciento. Banamex tiene ganancias de 33%, cuando su matriz, Citigroup, tiene ganancias de 24% en Estados Unidos. Kimberly Clark tiene ganancias de 30% cuando a escala mundial sus ganancias son 20 por ciento.
La propuesta de ley que hacemos, de ser aprobada por el Congreso, también traerá beneficios para la economía. Habrá mayor capacidad para competir contra los productores de otros países. Habrá mayor empleo. El salario alcanzará para comprar más. La inflación bajará.
Pero más importante que todo ello es que el país será más justo. Valen algunas precisiones sobre esta propuesta de ley.
La ley busca ser complementar la actual legislación en materia de competencia, pero enfocarse directamente en los precios, pues esta legislación y la Comisión Federal de Competencia se enfocan sobre las conductas de las empresas; así lo han estado haciendo desde 1993 cuando se crearon la ley y la Comisión. La ley y la Comisión de Precios Competitivos que proponemos deben tener un ámbito de acción independiente del ámbito de la actual CFC, aunque complementario. Esto es conveniente para evitar el conflicto de intereses. En particular, porque el tratamiento de asuntos relacionados con conductas monopólicas es menos directo y menos contundente que el tratamiento que aquí proponemos para identificar y para corregir los precios exagerados.
La ley no es para controlar los precios; por el contrario, es una ley que permitiría de manera mucho más libre el sano equilibrio de la oferta y la demanda del mercado, buscando la oferta del exterior cuando la oferta interna resulte excesivamente costosa. Esa es la filosofía de la apertura económica y de la globalización. Aunque en el pasado México se daba el lujo de mantener sectores protegidos los cuales podían vender a precios mayores a los internacionales. La mayor parte de esa protección fue eliminada a partir de los 80s; sin embargo, se mantuvo para sectores privilegiados. Esos sectores hoy son muy importantes para toda la economía.
Lo que esta ley propone es quitarles la protección del estado consistente en privilegios de exclusividad o protección de hecho en contra de importaciones sustitutas, en caso de que se demuestre que sus productos o servicios se venden a precios significativamente más altos que los precios de nuestra zona internacional de referencia, es decir Norteamérica y Centroamérica. En ningún momento la ley que proponemos utiliza el control de precios como mecanismo para reducirlos.
En cuanto al sector energético de propiedad estatal, lo que proponemos es que no abuse de su condición de monopolio y venda a precios competitivos. En este caso, el sector energético produce con costos menores a los precios internacionales y sería capaz de producir aun con menores precios si llega a eliminar su ineficiencia, mala contabilidad de costos y corrupción en contratos públicos. Lo que proponemos es que por encima de su costo el sector energético tenga un margen de utilidad razonable y que en razón de ello los precios a los cuales ofrezca insumos sean competitivos con los del exterior.
Lo anterior no es un capricho de nosotros para reducir las rentas ni del sector energético ni del sector empresarial. En primer lugar es de elemental justicia para las familias mexicanas y especialmente para las más modestas. En segundo lugar es necesario para la competitividad de la economía: con insumos energéticos u oros demasiado caros, las industrias no podrán competir y no habrá empleos. En tercer lugar, es consistente con el funcionamiento del resto de la economía. Si el resto de la economía está expuesto a la competencia de la globalización, no hay ninguna justificación para que esas pocas empresas y sectores son lo estén.
Cómo ayuda la ley a las familias más modestas
Nuestra propuesta ayudaría a las familias a ahorrar parte de su gasto, entre el 10% para las familias más pobres, al lograrse la corrección de precios exagerados comparados con los precios internacionales en una amplia gama de productos y servicios. La reducción sería de 6% del gasto actual para familias con ingresos alrededor de 10 mil pesos mensuales. Y sería de 4% para familias con ingresos de 20 mil pesos mensuales. El ahorro de las familias se origina en menores precios de la electricidad, el gas, la gasolina, la telefonía, el transporte, los materiales de construcción de sus viviendas y los créditos para sus casas.
Debemos aclarar que estas reducciones no son subsidios, como generalmente se maneja en el gobierno. Se trata de alinearse a los precios internacionales en aquellos casos en que los precios actuales son exageradamente altos. Los actuales subsidios se calculan así porque el gobierno ha difundido la creencia de que el consumidor debe pagar precios que permitan al sector de electricidad recuperar sus costos. Sin embargo, esos costos están calculados de manera también exagerada y por otra parte contienen muchas ineficiencias que los productores pueden y deben eliminar.
Cómo ayuda a los jóvenes
Esta ley también ayudaría a los jóvenes, porque les abarataría el costo del Internet y de las llamadas telefónicas por línea fija o por celular, así como el costo de transporte a sus escuelas y centros de trabajo. Además, al reducirse el costo de la electricidad a precios comparables con los de Estados Unidos, contribuiría a la reducción en el costo de educación y esparcimiento.
Cómo ayuda a la industria y al comercio
Nuestro proyecto ayudaría a todos los industriales y comerciantes que sufren la competencia del exterior, en especial a la industria mediana y pequeña que está agobiada por costos muy altos en casi cada renglón de sus operaciones, desde impuestos hasta regulación. Abarataría sus insumos básicos, como la energía, el cemento, las comunicaciones y el crédito bancario. Reduciría el costo de la cobranza y de los pagos electrónicos, al propiciarse una oferta más barata y competitiva de servicios bancarios y de pagos. Estas industrias y comercios que han sufrido mucho por la pérdida de competitividad y pérdida de mercados a proveedores de Asia y de Sudamérica, recibirían un impulso nuevo.
Cómo ayudaría al empleo
Nuestro proyecto ayudaría a los desempleados y subempleados que hoy están impedidos de contratarse con la industria y el comercio ante la pérdida de mercado por exceso del costo de sus insumos.
Cómo ayudaría a las amas de casa
Ayudaría a las amas de casa al aumentar el poder de compra del ingreso familiar, permitiéndoles mayor holgura en la asignación del gasto familiar.
Cómo ayudaría a los profesionales
A los profesionales les ayudaría porque esta ley eliminaría precios que hoy son prohibitivos para modernizar sus oficinas o sus talleres, utilizar la banda ancha, los sistemas de cable y telefonía y los sistemas de pagos electrónicos. Eso les permitiría ser más innovadores, desarrollar nuevas capacidades, mejorar nivel de vida y su productividad y capacidad de emprender negocios.
INICIATIVA DE LEY DE PRECIOS COMPETITIVOS
A los Coordinadores Parlamentarios del
Frente Amplio Progresista del
Honorable Senado de la República
P r e s e n t e
Por su digno conducto, someto a la consideración de los legisladores del Frente Amplio Progresista del Honorable Senado de la República, la Iniciativa de Ley de Precios Competitivos.
Para tales efectos, se expresan a continuación los motivos que sustentan esta Iniciativa de Ley, en los términos siguientes:
Sabido es que el monopolio ha existido en casi todos los periodos de la civilización y desde hace más de cuatro siglos es combatido por las leyes de muchos países. Las leyes y prohibiciones a dicha figura o a las prácticas monopólicas han surgido como respuesta en cada país a los abusos y a la complacencia del poder público frente al enriquecimiento de unos cuantos que reciben privilegios generalmente del Estado para realizar ventas o actividades que están restringidas a otros. Esto ha derivado en precios altos y en daños incalculables a la economía de los consumidores.
En los anales históricos de la protección de los diversos países a las prácticas de esta naturaleza se ha distinguido a aquél que surge de negociaciones privadas y no solamente al generado por la autoridad soberana. Así, se crearon prohibiciones a ciertas prácticas y negocios en circunstancias que dieran lugar a la presunción de que esos negocios no eran el ejercicio honesto de un derecho para realizar contratos para el beneficio del emprendedor sin implicar motivo de dañar a otros, sino que eran la consecuencia de un contrato o negociaciones de tal carácter que dieran lugar a la presunción de un intento de daño a otros a través, por ejemplo, del incremento monopolista de precios.
Es sabido pues, que entre los efectos de las prácticas monopólicas está el del aumento injustificado de precios, el acaparamiento de los mercados o la insana participación de unos cuantos en los mercados nacionales.
En nuestro país los abusos de precios son flagrantes. La mayoría de las grandes empresas (mexicanas o con participación de capitales extranjeros) han originado su riqueza con base en productos o servicios que venden en México a precios altos, en comparación con los precios internacionales de los mismos productos o servicios, sin hacer hincapié en las funestas consecuencias sociales que ocasionan.
Aunado a lo anterior, dichas empresas acumulan poder de mercado a través de su potencial económico y obtienen influencia suficiente en las políticas públicas de México, propiciando actos de corrupción con la finalidad de obtener derechos exclusivos o derechos que cualquier otro competidor no puede obtener para realizar ciertas actividades y vender productos o servicios, impidiendo así la entrada de nuevos oferentes, los cuales serían sus potenciales competidores.
En una clara contradicción con la complacencia gubernamental para tolerar precios altos en sectores privilegiados, la política pública ha sido, desde mediados de los 80s, forzar a la industria mexicana a ofrecer precios similares a los de los competidores internacionales. Esta política se ha materializado con la eliminación de los aranceles a la importación de casi todos los bienes de la Tarifa del Impuesto General de Importación, o bien, en su reducción significativa. La misma política se ha apoyado con la firma de tratados de libre comercio firmados por México con 43 países.
No obstante, la economía nacional ha estado impedida de crecer a tasas conmensurables con su potencial desde principios de los 80s, coincidiendo con el periodo en el cual se llevó a cabo la liberalización de casi todas las importaciones (en ese periodo, entre 1983 y 2006, la economía tan sólo creció en 2.5% cada año, lo que hizo que el ingreso por habitante no aumentara más que medio punto porcentual por año), debido, entre otras razones, a privilegios fiscales y a condiciones no competitivas del mercado. La estrategia gubernamental de una rápida apertura a las importaciones en general, pero al mismo tiempo, de otorgar privilegios a otros agentes económicos de grandes capacidades, protegiéndolos contra toda competencia, fue una causa fundamental de dicho estancamiento.
Dicha política comercial ha privilegiado a grupos económicos poderosos, mismos que al buscar mantener y luego extender sus privilegios lograron imponer estructuras de precios altos en sectores de la economía que son claves para el desarrollo. Impidieron así que la mayoría de empresas que ya eran amenazadas por la competencia extranjera dispusieran de bienes y servicios a precios competitivos. Con el paso del tiempo, esos grupos poderosos influyeron en las decisiones del Estado mexicano y en el diseño de las políticas públicas, haciendo cada vez más difícil la remoción de barreras a la libre competencia y, por lo tanto, cancelando oportunidades para nuevas empresas y empresarios. A la larga, impidieron a la economía crecer y generar empleo.
De esta forma, la economía tiene hoy a una mayoría de industrias forzadas a competir con proveedores extranjeros, y por otra parte una minoría de grandes empresas en industrias y servicios que cargan precios altos y que no son forzadas a competir con el extranjero. Las diferencias entre ambos hacen de nuestro sistema económico, un sistema disfuncional e ineficiente en la medida que no puede proteger a la población menos privilegiada económicamente y soslaya sus condiciones de progreso.
Menester es mencionar que otro grave perjuicio de la situación antes apuntada, yace en la muy escasa capacidad económica de las familias mexicanas (tanto de las clases populares como de la clase media emergente), la cual se ve menoscabada permanentemente por la disminución del poder adquisitivo que generan dichas empresas, a través del establecimiento unilateral de precios exagerados en la venta de bienes y servicios y que a menudo, recaen en aquellos de primera necesidad. El salario, per se castigado por décadas de políticas macroeconómicas de ajuste, ha sufrido hasta hoy una pérdida real que resulta innecesaria, toda vez que obedece a condiciones de carestía que son fácilmente corregibles, siempre que las autoridades competentes así lo decidan y el marco jurídico se ajuste a dicha protección.
En la medida en que cualquier industria, servicio o simple consumidor mexicano es un cliente cautivo de esas grandes empresas, debe pagar precios más altos que los que pagaría en otros países. Incurre así en mayores costos y, en consecuencia, no puede competir y no puede desarrollarse y crear empleo y tecnología, como lo hacen muchas otras empresas en el mundo, con la evidente crisis de empleo que vive nuestro país.
El sesgo de desigualdad entre sectores económicos y privilegios ha causado graves daños a la economía en su conjunto y de manera tangible a empresas y consumidores. Al hacer a un gran número de empresas incapaces de competir con los proveedores extranjeros y al inhibir a individuos a desarrollar todo su potencial, los ha condenado al ocio y a la subocupación.
Aun cuando muchas empresas y servicios hayan sobrevivido en estas condiciones y logren competir en algunos segmentos del mercado con proveedores extranjeros, la realidad es que los precios más altos que pagan por insumos o servicios reduce su tasa de rendimiento y así les resta capacidad para financiar nuevas inversiones. A los consumidores que pagan igualmente precios altos, les reduce su capacidad de adquirir otros bienes o de ahorrar. En otras palabras, una parte de las utilidades que legítimamente podrían obtener las empresas de menor tamaño, o del ahorro que sería posible para los consumidores, son transferidas en forma de precios altos a las grandes empresas. Eso obliga a las pequeñas industrias a operar muy por debajo de su potencial y a los consumidores los obliga a reducir su consumo en un esfuerzo por hacer que su dinero alcance; mientras tanto, las grandes empresas privilegiadas, en cambio, florecen en la prosperidad.
Otro fenómeno que se ha observado como consecuencia de lo anterior, es el de la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores. En muchas ocasiones, las empresas desfavorecidas, para poder mantenerse en operación, deben reducir los salarios que pagan a sus empleados, lo que, al multiplicarse en toda la economía, reduce el salario promedio de todos los trabajadores, el consumo promedio de las familias, y el ahorro.
El artículo 28, primero y segundo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe en forma expresa los monopolios y las prácticas de empresas tendientes a establecer “precios exagerados”, en los términos siguientes:
En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.
En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí, y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.
Por su parte, la Ley Federal de Competencia limita las posibilidades de las empresas para realizar acciones monopólicas. La Comisión Federal de Competencia ha combatido estas prácticas, en algunos casos con éxito. Sin embargo, en casos muy importantes ha fracasado, al enfrentarse al enramado burocrático o jurisdiccional, sobre el carácter de las empresas o de sus acciones, sin siquiera aproximarse al asunto mismo de los precios exagerados o del daño material a los consumidores. Aun cuando es muy probable que la Comisión haya logrado frenar prácticas que en muchos casos habrían resultado en precios exagerados, es evidente también que después de trece años de haberse creado esta Comisión, no se ha logrado un equilibrio de mercado en cuanto a los precios, que es lo verdaderamente importante para la eficiencia de la economía y el bienestar de usuarios y consumidores.
Es sabido que el abuso de los mecanismos de defensa de las grandes empresas, aunado a las deficiencias del marco jurídico, han logrado dilatar cualquier acción correctiva o consecuencia lógica de las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia, sin siquiera haber llegado a cuestionar los precios exagerados o las terribles consecuencias a la ciudadanía.
Por lo antes expuesto, una Ley de Precios Competitivos que enfrente precios exagerados en el mercado es deseable y necesaria. Por ello, se plantea un mecanismo complementario al marco jurídico de regulación de la competencia, a través de la Ley que aquí se propone a ésta H. Cámara de Senadores, que oriente de manera eficaz una política pública en contra de los precios exagerados a partir del fundamento constitucional del artículo 28.
Es necesario y deseable, para dar máxima eficacia e independencia a la labor de observación objetiva de los precios en el mercado y a la labor de juzgar y decidir sobre las medidas correctivas o las sanciones a que haya lugar, que esta labor y esas medidas y sanciones operen en un ámbito distinto e independiente del ámbito de la Ley Federal de Competencia y de la Comisión Federal de Competencia. Como lo indica la experiencia de otros países que exitosamente han combatido los abusos de precios, distintas leyes y distintas comisiones son posibles y necesarias a fin de asegurar la independencia de criterios de reguladores que observan situaciones distintas, no siendo técnicamente óptimo ni deseable que un solo organismo analice y califique simultáneamente las situaciones de prácticas y conductas de las empresas con la situación objetiva de los precios competitivos, entre otras razones, para evitar cualquier posible conflicto de interés del regulador al considerar ambas situaciones.
Como se podrá observar, los efectos económicos de esta ley sobre los precios del mercado son viables, deseables y consistentes con las reglas de una economía de mercado eficiente y con una visión de protección social que garantice el sano desarrollo de la economía nacional.
Iniciativa de Ley
LEY DE PRECIOS COMPETITIVOS
Artículo 1°. La presente Ley es reglamentaria del artículo 28 Constitucional en materia de regulación de mercados para evitar la exageración de precios, es de observancia general en toda la República y aplicable a todas las áreas de la actividad económica.
Será aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 2°. La presente Ley tiene por objeto:
I.- Establecer mecanismos que logren mantener un sano equilibrio en la determinación de precios en los mercados relevantes de bienes y servicios, con la finalidad de contribuir a las condiciones competitivas del mercado nacional.
II.- Impedir la exageración en los precios por parte de las personas físicas o morales señaladas en el artículo 4° de esta Ley, que puedan constituirse o constituyan un poder sustancial en el mercado relevante que corresponda.
Artículo 3°.Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
a) Comisión.- Comisión Federal de Precios Competitivos.
b) Precio.- Valor pecuniario en que se estima un bien o servicio.
c) Precio con orientación competitiva.- Valor pecuniario con rangos mínimos y/o máximos establecidos por la Comisión.
d) Precio del mercado.- Valor pecuniario establecido por las variantes de la oferta y la demanda de los mercados relevantes a nivel nacional.
5. Exageración en los precios.- Diferencial en exceso de los precios de venta del mercado relevante nacional, en comparación con los precios más competitivos en los mercados de los Estados Unidos de América, Canadá y los países Centroamericanos.
6. Concentración.- Porcentaje determinado por la Comisión de las ventas domésticas de algún bien o servicio realizado por una empresa o productor y sus empresas filiales o subsidiarias, de un determinado producto o servicio considerando sus distintas variedades de presentación.
7. Empresas filiales o subsidiarias.- Todas aquellas otras empresas o entidades en las cuales una persona moral o sus accionistas principales poseen más del 5% del capital.
Artículo 4°. Están sujetas a lo dispuesto por esta Ley todas las personas físicas o morales, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otro que por su actividad produzca o contribuya a la producción de bienes o servicios en la actividad económica del país, y que constituyan directa o indirectamente un poder sustancial en el mercado relevante que corresponda.
Los productores del Estado señalados en el artículo 28 Constitucional no estarán sujetos a las disposiciones de esta Ley, ni a las medidas y sanciones establecidas en la misma, excepto por lo señalado en el artículo 12 de esta ley.
Artículo 5º.- Para la determinación del mercado relevante, la Comisión deberá considerar los siguientes criterios:
I.- Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué medida los consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución;
II.- Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus complementos y de sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en cuenta fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes económicos o por sus asociaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde esas regiones;
III.- Los costos y las posibilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros mercados; y
IV.- Las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten el acceso de usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes alternativos.
Artículo 6º.- Para determinar si una persona tiene poder sustancial en el mercado relevante, la Comisión deberá considerar:
I.- Su participación en dicho mercado y si puede fijar precios unilateralmente o restringir el abasto en el mercado relevante sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder;
II.- La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores;
III.- La existencia y poder de sus competidores;
IV.- Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a fuentes de insumos;
V.- Su comportamiento reciente; y
VI.- Los demás criterios que se establezcan en el reglamento de esta ley.
Artículo 7°. Serán bienes o servicios sujetos a precios con orientación competitiva:
1. Los concesionados por el Estado;
2. Aquellos en manos de particulares que requieran para operar cualquier tipo de autorización o licencia del Estado;
3. Los artículos de consumo necesario e insumos para la producción cuando se originen en mercados en los que el 50% o más de la producción esté concentrada en cuatro o menos oferentes; y
4. Aquellos que aún sin estar concesionados, licenciados o autorizados por el Estado, se requieran para la producción, elaboración o comercialización de los bienes o servicios contemplados en los incisos a), b) y c) de este artículo.
Para la determinación de los bienes o servicios a que alude el presente artículo se tomará en cuenta el propósito principal de éstos, aunque en un determinado mercado puedan ofrecerse muchas de sus modalidades, con variaciones de color, dimensión, forma, modelo, características técnicas o cualquier otra distinción.
Artículo 8°. La Comisión establecerá de forma anual o cuando lo estime necesario, los precios con orientación competitiva tomando en cuenta cualquiera de los siguientes factores:
1. Los precios al consumidor;
2. Los costos normales de producción entendidos éstos como la suma de costos de materias primas utilizadas en el producto, costos de mano de obra directa, la depreciación de activos a la tasa anual conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados en México, sin que se reconozca la depreciación acelerada de activos, así como cualquier otro cargo fijo o variable inherente al proceso de producción física del bien o servicio
3. La situación de la oferta y la demanda del mercado nacional, y de los mercados de los Estados Unidos de América, Canadá y los países Centroamericanos;
4. Las políticas competitivas pertinentes;
5. Los precios de productos o servicios afines cuando haya lugar;
6. La importancia en el mercado relevante y el poder sustancial que en el mismo ejerzan quienes estén sujetos al establecimiento de precios con orientación competitiva;
7. El grado de concentración de las ventas en el mercado relevante de que se trate;
8. El Índice Nacional de Precios al Consumidor del periodo que resulte aplicable;
9. El porcentaje de la tarifa promedio ponderada a la importación de bienes prevaleciente en el momento, así como el porcentaje de la tarifa aplicable a los productos o insumos necesarios para la producción en México de los bienes o servicios de que se trate;
10. El tipo de cambio de los precios, bienes, productos o insumos a que haya lugar en el periodo que resulte aplicable;
11. Los riesgos que corre la economía de que se establezcan poderes sustanciales en el mercado y precios exagerados; y
12. Las circunstancias objetivas nacionales e internacionales que a juicio de la Comisión merezcan ser atendidas para estos efectos, incluyendo la existencia de prácticas comerciales desleales en el exterior.
Los parámetros serán tomados por la Comisión de las listas que emita el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las Instituciones de Servicio Financiero, los Estados Financieros de las empresas involucradas, la Secretaría de Economía o de cualquier otra fuente que les refleje.
La Comisión deberá tomar en cuenta los precios netos, es decir, libres de todo impuesto de ventas, impuestos especiales, aranceles o tasas.
Artículo 9°. Se considera que existe exageración de precios cuando cualquiera de las personas contempladas en el artículo 4º de esta Ley, ofrezca bienes o servicios a un precio que sea superior al 10% del precio competitivo, según el Artículo 3º, párrafo e), arriba citado o bien a los precios con orientación competitiva que fije la Comisión de acuerdo con el artículo anterior.
Artículo 10°. La Comisión revisará anualmente o en cualquier momento, que los precios de mercado y los precios con orientación competitiva se ajusten a las disposiciones de la presente Ley. Esta revisión se hará de oficio o a petición de cualquiera agrupación de productores o consumidores ya constituida o que se constituya legalmente con el propósito de hacer cumplir esta Ley, o bien, a petición de cualquier entidad de la administración pública federal, estatal o municipal.
La Comisión analizará oportunamente aquellos casos en los que el porcentaje de la tarifa a la importación de algún conjunto de bienes o insumos necesarios para la producción, sea estadísticamente superior en grado significativo al porcentaje promedio ponderado de la tarifa de importación, de tal manera que impida al productor nacional ofrecer precios competitivos, para ajustar su criterio en lo que corresponde a ese bien.
Igualmente, la Comisión analizará si la producción del bien o servicio afectado por exageración de precios proviene de un mercado en el cual hay una concentración de las ventas o de la oferta del 50% o más en los principales cuatro oferentes.
Artículo 11. Cuando exista exageración de precios, la Comisión determinará la aplicación de una o más de las siguientes medidas:
1. Ordenar a los sujetos que incurran en exageración de precios que corrijan esa exageración y disminuyan los precios de los bienes y servicios dentro de territorio nacional, en los términos y condiciones que se determinen en la resolución respectiva.
2. Ordenar a la Secretaría de la Función Publica que proceda en términos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a efecto de que todas las dependencias y entidades del gobierno federal, tanto centralizado como paraestatal, queden impedidas para contratar con las personas que incurran en exageración de precios. Esta limitación será aplicable al Poder Legislativo y al Poder Judicial.
3. Ordenar a las autoridades competentes que se permita la importación de productos alternativos, siempre que cumpla con el pago de las contribuciones que correspondan.
4. En los casos de servicios, con la finalidad de mantener o promover la competitividad y el empleo nacionales, ordenará a las autoridades competentes el otorgamiento de autorizaciones, licencias o concesiones a nuevos prestadores de servicios, sean nacionales o extranjeros, así como su inmediato acceso a los mercados como oferentes.
5. Ordenar la publicación en los tres diarios impresos de mayor circulación en el país, en los dos medios electrónicos más importantes y en las cinco estaciones de radio de mayor audiencia, al menos dos veces por mes, el diferencial de precios que haya determinado, con el fin de dar a conocer al consumidor la exageración de precios.
6. En los casos en que el bien o servicio se anuncie en televisión, sea abierta o restringida, ordenará tanto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como a la Secretaría de Gobernación que se implementen la medidas necesarias a efecto de que, inmediatamente después del anuncio del bien o del servicio de que se trate, se haga la mención expresa sobre la exageración de precios, con la finalidad de que el consumidor conozca tal circunstancia de forma inmediata.
7. Recomendar a las entidades federativas y a los municipios del país, la revocación, cancelación o suspensión de las concesiones, licencias o autorizaciones que hubiese otorgado a los sujetos acusados de haber incurrido en exageración de precios.
8. Recomendar a las entidades federativas y a los municipios del país, se abstengan de contratar con las personas a quienes se haya determinado dicha exageración.
Artículo 12. Tratándose de productos del sector energético como petróleo, electricidad, gas natural y cualesquiera otros en que los costos de producción nacional sean significativamente inferiores a los precios internacionales competitivos, los productores mexicanos deberán fijar el precio para la venta en el territorio nacional tomando en consideración el costo de producción, más un margen de beneficio razonable, sin consideración de los precios que de dichos bienes prevalezcan en el mercado internacional.
Cuando los bienes o servicios respecto de los cuales se determine exageración de precios sean ofrecidos en el extranjero, la Comisión podrá recomendar al Ejecutivo Federal la imposición de aranceles a la exportación, con el fin de eliminar desequilibrios en los mercados internacionales. Esta disposición será aplicable a los productos señalados en el párrafo anterior.
Artículo 13. La Comisión hará llegar su opinión a todas las entidades regulatorias que intervienen en las autorizaciones a oferentes de bienes o prestadores de servicios, y procederá a formular los proyectos de enmienda a las leyes y los reglamentos con ellos relacionados.
Cualquier autoridad o entidad regulatoria que retrase la consideración y el eventual otorgamiento de nuevas concesiones, permisos, licencias a prestadores de servicios en los casos de exageración en los precios, será considerada como infractora de esta Ley y coadyuvante en la exageración de precios, pudiéndosele sancionar en los términos de las leyes aplicables.
En el caso de violaciones por servidores públicos, la Comisión deberá enviar oficio debidamente fundado y motivado a la autoridad competente para que, de ser procedente, se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa a que hubiere lugar. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de otra índole que pudiere existir.
Artículo 14. En los casos de reincidencia o contumacia, la Comisión ordenará a las autoridades competentes que se proceda en contra de las personas que incurran en exageración de precios, a efecto de que:
1. Se decrete la expropiación, requisa o aseguramiento de los bienes, insumos, activos, maquinaria e infraestructura por considerarse de interés público y para salvaguardar los intereses colectivos de la Nación.
2. Se resuelva la revocación, cancelación o suspensión, de las concesiones, licencias o autorizaciones otorgadas en su favor.
3. Se les aplique el artículo 50, fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
4. Se solicite, por la vía judicial, la disolución de la persona moral de que se trate.
Se considera que existe contumacia cuando dentro del plazo de 15 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación de las resoluciones respectivas, los sujetos infractores se nieguen o abstengan de acatar las órdenes de la Comisión para que corrijan o disminuyan la exageración de precios, emitidas en términos del artículo 11, fracción I de esta Ley.
Existe reincidencia cuando los sujetos infractores, dentro de los 10 años siguientes a la notificación de las resoluciones que determinen que ellos incurrieron en exageración de precios, sean de nuevo acusados con base en esta Ley, con independencia de que se trate de otro mercado relevante y con un distinto poder sustancial.
Artículo 15. Para efectos de lo previsto en los artículos 11 y 14, la Comisión deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, los indicios de intencionalidad, el poder sustancial del infractor en los mercados relevantes, el tamaño y la importancia de estos mercados, la duración de la exageración de precios, la reincidencia o antecedentes del infractor, así como su capacidad económica.
Artículo 16. Con independencia de lo establecido en los artículos 11 y 14, la Comisión demandará por la vía judicial el resarcimiento de daños o perjuicios que directa o indirectamente hayan sido ocasionados a la economía nacional, a aquellos a las personas que mediante resolución firme y definitiva hayan sido acusadas de haber incurrido en exageración de precios.
Artículo 17. Los sujetos que mediante resolución firme y definitiva hayan sido acusados de haber incurrido en exageración de precios, serán responsables del pago de daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a terceros por ese motivo. Estas acciones se deducirán antes lo tribunales de la federación que correspondan.
Artículo 18. Para la determinación de los precios con orientación competitiva y los demás artículos de esta Ley, se crea la Comisión Federal de Precios Competitivos, la cual estará dirigida por un Presidente, mismo que será designado por tres cuartas partes de la Cámara de Senadores o en su caso de la Comisión Permanente.
Además, la Comisión estará integrada por tres vocales que gozarán de irrefutable probidad y conocimientos técnicos en la materia. Además, cada uno de los vocales deberá tener una destacada participación en los siguientes sectores y dichos sectores deberán estar en todo momento representados en la Comisión:
1. En el ámbito académico; o
2. Como empresario en el sector de la pequeña o mediana industria o en la prestación de servicios; o
3. Como funcionario en algún organismo del Estado directamente relacionado con la regulación de la industria o con el comercio internacional.
La Comisión contará además con un Secretario.
Las decisiones de la Comisión se tomarán por mayoría simple de votos de Presidente y Vocales y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.
Las atribuciones de la Comisión, de su Presidente, Secretario y Vocales estarán determinadas en el Reglamento de esta Ley.
TRANSITORIO
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. El Presidente de la República estará obligado a expedir y publicar el Reglamento de esta Ley, precisamente en la fecha en que la misma entre en vigor.
TERCERO. La Comisión Federal de Precios Competitivos deberá estar constituida a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de esta Ley
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Por lo anteriormente expuesto, por su digno conducto, me permito someter a la consideración del Honorable Senado de la República, la Iniciativa de Ley de Precios Competitivos antes detallada.
Reitero a ustedes, Coordinadores Parlamentarios del Frente Amplio Progresista del Honorable Senado de la República, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
México, D. F. a 22 de noviembre de 2006
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente Legítimo de México
BOLETÍN 3
El boletín 3 es una tabla comparativa (en formato xcel) de los precios de diversos bienes y servicios entre Estados Unidos y México. Se puede bajar de este link:
http://s25.quicksharing.com/v/3961476/Precios_comparados_061117.xls.html
Y finalmente el BOLETÍN 4:
México Distrito Federal, 22 de noviembre de 2006
INVITACIÓN
Atención Reportero y/o
Jefe de Información
P r e s e n t e .
El secretario de Relaciones Políticas, José Agustín Ortiz Pinchetti, presentará y ofrecerá a los integrantes de las fracciones parlamentarias del PRD, PT y Convergencia en el Senado de la República una explicación sobre el contenido de la iniciativa de Ley de Precios Competitivos.
La cita es mañana jueves 23 de noviembre, a las 10.30 horas, en el Salón Los Vitrales del recinto senatorial, ubicado en Xicoténcatl Número 9 Centro Histórico Distrito Federal C.P 06010, delegación Cuauhtémoc.
Frente Amplio Progresista del
Honorable Senado de la República
P r e s e n t e
Por su digno conducto, someto a la consideración de los legisladores del Frente Amplio Progresista del Honorable Senado de la República, la Iniciativa de Ley de Precios Competitivos.
Para tales efectos, se expresan a continuación los motivos que sustentan esta Iniciativa de Ley, en los términos siguientes:
Sabido es que el monopolio ha existido en casi todos los periodos de la civilización y desde hace más de cuatro siglos es combatido por las leyes de muchos países. Las leyes y prohibiciones a dicha figura o a las prácticas monopólicas han surgido como respuesta en cada país a los abusos y a la complacencia del poder público frente al enriquecimiento de unos cuantos que reciben privilegios generalmente del Estado para realizar ventas o actividades que están restringidas a otros. Esto ha derivado en precios altos y en daños incalculables a la economía de los consumidores.
En los anales históricos de la protección de los diversos países a las prácticas de esta naturaleza se ha distinguido a aquél que surge de negociaciones privadas y no solamente al generado por la autoridad soberana. Así, se crearon prohibiciones a ciertas prácticas y negocios en circunstancias que dieran lugar a la presunción de que esos negocios no eran el ejercicio honesto de un derecho para realizar contratos para el beneficio del emprendedor sin implicar motivo de dañar a otros, sino que eran la consecuencia de un contrato o negociaciones de tal carácter que dieran lugar a la presunción de un intento de daño a otros a través, por ejemplo, del incremento monopolista de precios.
Es sabido pues, que entre los efectos de las prácticas monopólicas está el del aumento injustificado de precios, el acaparamiento de los mercados o la insana participación de unos cuantos en los mercados nacionales.
En nuestro país los abusos de precios son flagrantes. La mayoría de las grandes empresas (mexicanas o con participación de capitales extranjeros) han originado su riqueza con base en productos o servicios que venden en México a precios altos, en comparación con los precios internacionales de los mismos productos o servicios, sin hacer hincapié en las funestas consecuencias sociales que ocasionan.
Aunado a lo anterior, dichas empresas acumulan poder de mercado a través de su potencial económico y obtienen influencia suficiente en las políticas públicas de México, propiciando actos de corrupción con la finalidad de obtener derechos exclusivos o derechos que cualquier otro competidor no puede obtener para realizar ciertas actividades y vender productos o servicios, impidiendo así la entrada de nuevos oferentes, los cuales serían sus potenciales competidores.
En una clara contradicción con la complacencia gubernamental para tolerar precios altos en sectores privilegiados, la política pública ha sido, desde mediados de los 80s, forzar a la industria mexicana a ofrecer precios similares a los de los competidores internacionales. Esta política se ha materializado con la eliminación de los aranceles a la importación de casi todos los bienes de la Tarifa del Impuesto General de Importación, o bien, en su reducción significativa. La misma política se ha apoyado con la firma de tratados de libre comercio firmados por México con 43 países.
No obstante, la economía nacional ha estado impedida de crecer a tasas conmensurables con su potencial desde principios de los 80s, coincidiendo con el periodo en el cual se llevó a cabo la liberalización de casi todas las importaciones (en ese periodo, entre 1983 y 2006, la economía tan sólo creció en 2.5% cada año, lo que hizo que el ingreso por habitante no aumentara más que medio punto porcentual por año), debido, entre otras razones, a privilegios fiscales y a condiciones no competitivas del mercado. La estrategia gubernamental de una rápida apertura a las importaciones en general, pero al mismo tiempo, de otorgar privilegios a otros agentes económicos de grandes capacidades, protegiéndolos contra toda competencia, fue una causa fundamental de dicho estancamiento.
Dicha política comercial ha privilegiado a grupos económicos poderosos, mismos que al buscar mantener y luego extender sus privilegios lograron imponer estructuras de precios altos en sectores de la economía que son claves para el desarrollo. Impidieron así que la mayoría de empresas que ya eran amenazadas por la competencia extranjera dispusieran de bienes y servicios a precios competitivos. Con el paso del tiempo, esos grupos poderosos influyeron en las decisiones del Estado mexicano y en el diseño de las políticas públicas, haciendo cada vez más difícil la remoción de barreras a la libre competencia y, por lo tanto, cancelando oportunidades para nuevas empresas y empresarios. A la larga, impidieron a la economía crecer y generar empleo.
De esta forma, la economía tiene hoy a una mayoría de industrias forzadas a competir con proveedores extranjeros, y por otra parte una minoría de grandes empresas en industrias y servicios que cargan precios altos y que no son forzadas a competir con el extranjero. Las diferencias entre ambos hacen de nuestro sistema económico, un sistema disfuncional e ineficiente en la medida que no puede proteger a la población menos privilegiada económicamente y soslaya sus condiciones de progreso.
Menester es mencionar que otro grave perjuicio de la situación antes apuntada, yace en la muy escasa capacidad económica de las familias mexicanas (tanto de las clases populares como de la clase media emergente), la cual se ve menoscabada permanentemente por la disminución del poder adquisitivo que generan dichas empresas, a través del establecimiento unilateral de precios exagerados en la venta de bienes y servicios y que a menudo, recaen en aquellos de primera necesidad. El salario, per se castigado por décadas de políticas macroeconómicas de ajuste, ha sufrido hasta hoy una pérdida real que resulta innecesaria, toda vez que obedece a condiciones de carestía que son fácilmente corregibles, siempre que las autoridades competentes así lo decidan y el marco jurídico se ajuste a dicha protección.
En la medida en que cualquier industria, servicio o simple consumidor mexicano es un cliente cautivo de esas grandes empresas, debe pagar precios más altos que los que pagaría en otros países. Incurre así en mayores costos y, en consecuencia, no puede competir y no puede desarrollarse y crear empleo y tecnología, como lo hacen muchas otras empresas en el mundo, con la evidente crisis de empleo que vive nuestro país.
El sesgo de desigualdad entre sectores económicos y privilegios ha causado graves daños a la economía en su conjunto y de manera tangible a empresas y consumidores. Al hacer a un gran número de empresas incapaces de competir con los proveedores extranjeros y al inhibir a individuos a desarrollar todo su potencial, los ha condenado al ocio y a la subocupación.
Aun cuando muchas empresas y servicios hayan sobrevivido en estas condiciones y logren competir en algunos segmentos del mercado con proveedores extranjeros, la realidad es que los precios más altos que pagan por insumos o servicios reduce su tasa de rendimiento y así les resta capacidad para financiar nuevas inversiones. A los consumidores que pagan igualmente precios altos, les reduce su capacidad de adquirir otros bienes o de ahorrar. En otras palabras, una parte de las utilidades que legítimamente podrían obtener las empresas de menor tamaño, o del ahorro que sería posible para los consumidores, son transferidas en forma de precios altos a las grandes empresas. Eso obliga a las pequeñas industrias a operar muy por debajo de su potencial y a los consumidores los obliga a reducir su consumo en un esfuerzo por hacer que su dinero alcance; mientras tanto, las grandes empresas privilegiadas, en cambio, florecen en la prosperidad.
Otro fenómeno que se ha observado como consecuencia de lo anterior, es el de la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores. En muchas ocasiones, las empresas desfavorecidas, para poder mantenerse en operación, deben reducir los salarios que pagan a sus empleados, lo que, al multiplicarse en toda la economía, reduce el salario promedio de todos los trabajadores, el consumo promedio de las familias, y el ahorro.
El artículo 28, primero y segundo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe en forma expresa los monopolios y las prácticas de empresas tendientes a establecer “precios exagerados”, en los términos siguientes:
En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.
En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí, y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.
Por su parte, la Ley Federal de Competencia limita las posibilidades de las empresas para realizar acciones monopólicas. La Comisión Federal de Competencia ha combatido estas prácticas, en algunos casos con éxito. Sin embargo, en casos muy importantes ha fracasado, al enfrentarse al enramado burocrático o jurisdiccional, sobre el carácter de las empresas o de sus acciones, sin siquiera aproximarse al asunto mismo de los precios exagerados o del daño material a los consumidores. Aun cuando es muy probable que la Comisión haya logrado frenar prácticas que en muchos casos habrían resultado en precios exagerados, es evidente también que después de trece años de haberse creado esta Comisión, no se ha logrado un equilibrio de mercado en cuanto a los precios, que es lo verdaderamente importante para la eficiencia de la economía y el bienestar de usuarios y consumidores.
Es sabido que el abuso de los mecanismos de defensa de las grandes empresas, aunado a las deficiencias del marco jurídico, han logrado dilatar cualquier acción correctiva o consecuencia lógica de las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia, sin siquiera haber llegado a cuestionar los precios exagerados o las terribles consecuencias a la ciudadanía.
Por lo antes expuesto, una Ley de Precios Competitivos que enfrente precios exagerados en el mercado es deseable y necesaria. Por ello, se plantea un mecanismo complementario al marco jurídico de regulación de la competencia, a través de la Ley que aquí se propone a ésta H. Cámara de Senadores, que oriente de manera eficaz una política pública en contra de los precios exagerados a partir del fundamento constitucional del artículo 28.
Es necesario y deseable, para dar máxima eficacia e independencia a la labor de observación objetiva de los precios en el mercado y a la labor de juzgar y decidir sobre las medidas correctivas o las sanciones a que haya lugar, que esta labor y esas medidas y sanciones operen en un ámbito distinto e independiente del ámbito de la Ley Federal de Competencia y de la Comisión Federal de Competencia. Como lo indica la experiencia de otros países que exitosamente han combatido los abusos de precios, distintas leyes y distintas comisiones son posibles y necesarias a fin de asegurar la independencia de criterios de reguladores que observan situaciones distintas, no siendo técnicamente óptimo ni deseable que un solo organismo analice y califique simultáneamente las situaciones de prácticas y conductas de las empresas con la situación objetiva de los precios competitivos, entre otras razones, para evitar cualquier posible conflicto de interés del regulador al considerar ambas situaciones.
Como se podrá observar, los efectos económicos de esta ley sobre los precios del mercado son viables, deseables y consistentes con las reglas de una economía de mercado eficiente y con una visión de protección social que garantice el sano desarrollo de la economía nacional.
Iniciativa de Ley
LEY DE PRECIOS COMPETITIVOS
Artículo 1°. La presente Ley es reglamentaria del artículo 28 Constitucional en materia de regulación de mercados para evitar la exageración de precios, es de observancia general en toda la República y aplicable a todas las áreas de la actividad económica.
Será aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Artículo 2°. La presente Ley tiene por objeto:
I.- Establecer mecanismos que logren mantener un sano equilibrio en la determinación de precios en los mercados relevantes de bienes y servicios, con la finalidad de contribuir a las condiciones competitivas del mercado nacional.
II.- Impedir la exageración en los precios por parte de las personas físicas o morales señaladas en el artículo 4° de esta Ley, que puedan constituirse o constituyan un poder sustancial en el mercado relevante que corresponda.
Artículo 3°.Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
a) Comisión.- Comisión Federal de Precios Competitivos.
b) Precio.- Valor pecuniario en que se estima un bien o servicio.
c) Precio con orientación competitiva.- Valor pecuniario con rangos mínimos y/o máximos establecidos por la Comisión.
d) Precio del mercado.- Valor pecuniario establecido por las variantes de la oferta y la demanda de los mercados relevantes a nivel nacional.
5. Exageración en los precios.- Diferencial en exceso de los precios de venta del mercado relevante nacional, en comparación con los precios más competitivos en los mercados de los Estados Unidos de América, Canadá y los países Centroamericanos.
6. Concentración.- Porcentaje determinado por la Comisión de las ventas domésticas de algún bien o servicio realizado por una empresa o productor y sus empresas filiales o subsidiarias, de un determinado producto o servicio considerando sus distintas variedades de presentación.
7. Empresas filiales o subsidiarias.- Todas aquellas otras empresas o entidades en las cuales una persona moral o sus accionistas principales poseen más del 5% del capital.
Artículo 4°. Están sujetas a lo dispuesto por esta Ley todas las personas físicas o morales, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otro que por su actividad produzca o contribuya a la producción de bienes o servicios en la actividad económica del país, y que constituyan directa o indirectamente un poder sustancial en el mercado relevante que corresponda.
Los productores del Estado señalados en el artículo 28 Constitucional no estarán sujetos a las disposiciones de esta Ley, ni a las medidas y sanciones establecidas en la misma, excepto por lo señalado en el artículo 12 de esta ley.
Artículo 5º.- Para la determinación del mercado relevante, la Comisión deberá considerar los siguientes criterios:
I.- Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué medida los consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución;
II.- Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus complementos y de sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en cuenta fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes económicos o por sus asociaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde esas regiones;
III.- Los costos y las posibilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros mercados; y
IV.- Las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten el acceso de usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes alternativos.
Artículo 6º.- Para determinar si una persona tiene poder sustancial en el mercado relevante, la Comisión deberá considerar:
I.- Su participación en dicho mercado y si puede fijar precios unilateralmente o restringir el abasto en el mercado relevante sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder;
II.- La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores;
III.- La existencia y poder de sus competidores;
IV.- Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a fuentes de insumos;
V.- Su comportamiento reciente; y
VI.- Los demás criterios que se establezcan en el reglamento de esta ley.
Artículo 7°. Serán bienes o servicios sujetos a precios con orientación competitiva:
1. Los concesionados por el Estado;
2. Aquellos en manos de particulares que requieran para operar cualquier tipo de autorización o licencia del Estado;
3. Los artículos de consumo necesario e insumos para la producción cuando se originen en mercados en los que el 50% o más de la producción esté concentrada en cuatro o menos oferentes; y
4. Aquellos que aún sin estar concesionados, licenciados o autorizados por el Estado, se requieran para la producción, elaboración o comercialización de los bienes o servicios contemplados en los incisos a), b) y c) de este artículo.
Para la determinación de los bienes o servicios a que alude el presente artículo se tomará en cuenta el propósito principal de éstos, aunque en un determinado mercado puedan ofrecerse muchas de sus modalidades, con variaciones de color, dimensión, forma, modelo, características técnicas o cualquier otra distinción.
Artículo 8°. La Comisión establecerá de forma anual o cuando lo estime necesario, los precios con orientación competitiva tomando en cuenta cualquiera de los siguientes factores:
1. Los precios al consumidor;
2. Los costos normales de producción entendidos éstos como la suma de costos de materias primas utilizadas en el producto, costos de mano de obra directa, la depreciación de activos a la tasa anual conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados en México, sin que se reconozca la depreciación acelerada de activos, así como cualquier otro cargo fijo o variable inherente al proceso de producción física del bien o servicio
3. La situación de la oferta y la demanda del mercado nacional, y de los mercados de los Estados Unidos de América, Canadá y los países Centroamericanos;
4. Las políticas competitivas pertinentes;
5. Los precios de productos o servicios afines cuando haya lugar;
6. La importancia en el mercado relevante y el poder sustancial que en el mismo ejerzan quienes estén sujetos al establecimiento de precios con orientación competitiva;
7. El grado de concentración de las ventas en el mercado relevante de que se trate;
8. El Índice Nacional de Precios al Consumidor del periodo que resulte aplicable;
9. El porcentaje de la tarifa promedio ponderada a la importación de bienes prevaleciente en el momento, así como el porcentaje de la tarifa aplicable a los productos o insumos necesarios para la producción en México de los bienes o servicios de que se trate;
10. El tipo de cambio de los precios, bienes, productos o insumos a que haya lugar en el periodo que resulte aplicable;
11. Los riesgos que corre la economía de que se establezcan poderes sustanciales en el mercado y precios exagerados; y
12. Las circunstancias objetivas nacionales e internacionales que a juicio de la Comisión merezcan ser atendidas para estos efectos, incluyendo la existencia de prácticas comerciales desleales en el exterior.
Los parámetros serán tomados por la Comisión de las listas que emita el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las Instituciones de Servicio Financiero, los Estados Financieros de las empresas involucradas, la Secretaría de Economía o de cualquier otra fuente que les refleje.
La Comisión deberá tomar en cuenta los precios netos, es decir, libres de todo impuesto de ventas, impuestos especiales, aranceles o tasas.
Artículo 9°. Se considera que existe exageración de precios cuando cualquiera de las personas contempladas en el artículo 4º de esta Ley, ofrezca bienes o servicios a un precio que sea superior al 10% del precio competitivo, según el Artículo 3º, párrafo e), arriba citado o bien a los precios con orientación competitiva que fije la Comisión de acuerdo con el artículo anterior.
Artículo 10°. La Comisión revisará anualmente o en cualquier momento, que los precios de mercado y los precios con orientación competitiva se ajusten a las disposiciones de la presente Ley. Esta revisión se hará de oficio o a petición de cualquiera agrupación de productores o consumidores ya constituida o que se constituya legalmente con el propósito de hacer cumplir esta Ley, o bien, a petición de cualquier entidad de la administración pública federal, estatal o municipal.
La Comisión analizará oportunamente aquellos casos en los que el porcentaje de la tarifa a la importación de algún conjunto de bienes o insumos necesarios para la producción, sea estadísticamente superior en grado significativo al porcentaje promedio ponderado de la tarifa de importación, de tal manera que impida al productor nacional ofrecer precios competitivos, para ajustar su criterio en lo que corresponde a ese bien.
Igualmente, la Comisión analizará si la producción del bien o servicio afectado por exageración de precios proviene de un mercado en el cual hay una concentración de las ventas o de la oferta del 50% o más en los principales cuatro oferentes.
Artículo 11. Cuando exista exageración de precios, la Comisión determinará la aplicación de una o más de las siguientes medidas:
1. Ordenar a los sujetos que incurran en exageración de precios que corrijan esa exageración y disminuyan los precios de los bienes y servicios dentro de territorio nacional, en los términos y condiciones que se determinen en la resolución respectiva.
2. Ordenar a la Secretaría de la Función Publica que proceda en términos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a efecto de que todas las dependencias y entidades del gobierno federal, tanto centralizado como paraestatal, queden impedidas para contratar con las personas que incurran en exageración de precios. Esta limitación será aplicable al Poder Legislativo y al Poder Judicial.
3. Ordenar a las autoridades competentes que se permita la importación de productos alternativos, siempre que cumpla con el pago de las contribuciones que correspondan.
4. En los casos de servicios, con la finalidad de mantener o promover la competitividad y el empleo nacionales, ordenará a las autoridades competentes el otorgamiento de autorizaciones, licencias o concesiones a nuevos prestadores de servicios, sean nacionales o extranjeros, así como su inmediato acceso a los mercados como oferentes.
5. Ordenar la publicación en los tres diarios impresos de mayor circulación en el país, en los dos medios electrónicos más importantes y en las cinco estaciones de radio de mayor audiencia, al menos dos veces por mes, el diferencial de precios que haya determinado, con el fin de dar a conocer al consumidor la exageración de precios.
6. En los casos en que el bien o servicio se anuncie en televisión, sea abierta o restringida, ordenará tanto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como a la Secretaría de Gobernación que se implementen la medidas necesarias a efecto de que, inmediatamente después del anuncio del bien o del servicio de que se trate, se haga la mención expresa sobre la exageración de precios, con la finalidad de que el consumidor conozca tal circunstancia de forma inmediata.
7. Recomendar a las entidades federativas y a los municipios del país, la revocación, cancelación o suspensión de las concesiones, licencias o autorizaciones que hubiese otorgado a los sujetos acusados de haber incurrido en exageración de precios.
8. Recomendar a las entidades federativas y a los municipios del país, se abstengan de contratar con las personas a quienes se haya determinado dicha exageración.
Artículo 12. Tratándose de productos del sector energético como petróleo, electricidad, gas natural y cualesquiera otros en que los costos de producción nacional sean significativamente inferiores a los precios internacionales competitivos, los productores mexicanos deberán fijar el precio para la venta en el territorio nacional tomando en consideración el costo de producción, más un margen de beneficio razonable, sin consideración de los precios que de dichos bienes prevalezcan en el mercado internacional.
Cuando los bienes o servicios respecto de los cuales se determine exageración de precios sean ofrecidos en el extranjero, la Comisión podrá recomendar al Ejecutivo Federal la imposición de aranceles a la exportación, con el fin de eliminar desequilibrios en los mercados internacionales. Esta disposición será aplicable a los productos señalados en el párrafo anterior.
Artículo 13. La Comisión hará llegar su opinión a todas las entidades regulatorias que intervienen en las autorizaciones a oferentes de bienes o prestadores de servicios, y procederá a formular los proyectos de enmienda a las leyes y los reglamentos con ellos relacionados.
Cualquier autoridad o entidad regulatoria que retrase la consideración y el eventual otorgamiento de nuevas concesiones, permisos, licencias a prestadores de servicios en los casos de exageración en los precios, será considerada como infractora de esta Ley y coadyuvante en la exageración de precios, pudiéndosele sancionar en los términos de las leyes aplicables.
En el caso de violaciones por servidores públicos, la Comisión deberá enviar oficio debidamente fundado y motivado a la autoridad competente para que, de ser procedente, se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa a que hubiere lugar. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de otra índole que pudiere existir.
Artículo 14. En los casos de reincidencia o contumacia, la Comisión ordenará a las autoridades competentes que se proceda en contra de las personas que incurran en exageración de precios, a efecto de que:
1. Se decrete la expropiación, requisa o aseguramiento de los bienes, insumos, activos, maquinaria e infraestructura por considerarse de interés público y para salvaguardar los intereses colectivos de la Nación.
2. Se resuelva la revocación, cancelación o suspensión, de las concesiones, licencias o autorizaciones otorgadas en su favor.
3. Se les aplique el artículo 50, fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
4. Se solicite, por la vía judicial, la disolución de la persona moral de que se trate.
Se considera que existe contumacia cuando dentro del plazo de 15 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación de las resoluciones respectivas, los sujetos infractores se nieguen o abstengan de acatar las órdenes de la Comisión para que corrijan o disminuyan la exageración de precios, emitidas en términos del artículo 11, fracción I de esta Ley.
Existe reincidencia cuando los sujetos infractores, dentro de los 10 años siguientes a la notificación de las resoluciones que determinen que ellos incurrieron en exageración de precios, sean de nuevo acusados con base en esta Ley, con independencia de que se trate de otro mercado relevante y con un distinto poder sustancial.
Artículo 15. Para efectos de lo previsto en los artículos 11 y 14, la Comisión deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, los indicios de intencionalidad, el poder sustancial del infractor en los mercados relevantes, el tamaño y la importancia de estos mercados, la duración de la exageración de precios, la reincidencia o antecedentes del infractor, así como su capacidad económica.
Artículo 16. Con independencia de lo establecido en los artículos 11 y 14, la Comisión demandará por la vía judicial el resarcimiento de daños o perjuicios que directa o indirectamente hayan sido ocasionados a la economía nacional, a aquellos a las personas que mediante resolución firme y definitiva hayan sido acusadas de haber incurrido en exageración de precios.
Artículo 17. Los sujetos que mediante resolución firme y definitiva hayan sido acusados de haber incurrido en exageración de precios, serán responsables del pago de daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a terceros por ese motivo. Estas acciones se deducirán antes lo tribunales de la federación que correspondan.
Artículo 18. Para la determinación de los precios con orientación competitiva y los demás artículos de esta Ley, se crea la Comisión Federal de Precios Competitivos, la cual estará dirigida por un Presidente, mismo que será designado por tres cuartas partes de la Cámara de Senadores o en su caso de la Comisión Permanente.
Además, la Comisión estará integrada por tres vocales que gozarán de irrefutable probidad y conocimientos técnicos en la materia. Además, cada uno de los vocales deberá tener una destacada participación en los siguientes sectores y dichos sectores deberán estar en todo momento representados en la Comisión:
1. En el ámbito académico; o
2. Como empresario en el sector de la pequeña o mediana industria o en la prestación de servicios; o
3. Como funcionario en algún organismo del Estado directamente relacionado con la regulación de la industria o con el comercio internacional.
La Comisión contará además con un Secretario.
Las decisiones de la Comisión se tomarán por mayoría simple de votos de Presidente y Vocales y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.
Las atribuciones de la Comisión, de su Presidente, Secretario y Vocales estarán determinadas en el Reglamento de esta Ley.
TRANSITORIO
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. El Presidente de la República estará obligado a expedir y publicar el Reglamento de esta Ley, precisamente en la fecha en que la misma entre en vigor.
TERCERO. La Comisión Federal de Precios Competitivos deberá estar constituida a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de esta Ley
----------------------------------------------------------------------------------------------
Por lo anteriormente expuesto, por su digno conducto, me permito someter a la consideración del Honorable Senado de la República, la Iniciativa de Ley de Precios Competitivos antes detallada.
Reitero a ustedes, Coordinadores Parlamentarios del Frente Amplio Progresista del Honorable Senado de la República, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
México, D. F. a 22 de noviembre de 2006
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente Legítimo de México
BOLETÍN 3
El boletín 3 es una tabla comparativa (en formato xcel) de los precios de diversos bienes y servicios entre Estados Unidos y México. Se puede bajar de este link:
http://s25.quicksharing.com/v/3961476/Precios_comparados_061117.xls.html
Y finalmente el BOLETÍN 4:
México Distrito Federal, 22 de noviembre de 2006
INVITACIÓN
Atención Reportero y/o
Jefe de Información
P r e s e n t e .
El secretario de Relaciones Políticas, José Agustín Ortiz Pinchetti, presentará y ofrecerá a los integrantes de las fracciones parlamentarias del PRD, PT y Convergencia en el Senado de la República una explicación sobre el contenido de la iniciativa de Ley de Precios Competitivos.
La cita es mañana jueves 23 de noviembre, a las 10.30 horas, en el Salón Los Vitrales del recinto senatorial, ubicado en Xicoténcatl Número 9 Centro Histórico Distrito Federal C.P 06010, delegación Cuauhtémoc.
DERECHA EXTREMADAMENTE CHUECA.
Extrema Derecha PDF Imprimir E-Mail
miércoles, 22 de noviembre de 2006
El gabinete económico anunciado por Felipe Calderón es mucho más conservador que el de la administración foxista
MEXICO, D.F., 21 de noviembre (LA JORNADA).- Ex funcionarios como el del gobierno de Ernesto Zedillo, formados todos ellos en universidades privadas, con trayectorias de preponderancia tecnocrática y otros como Luis Téllez vinculado a diversas empresas privadas transnacionales con lo que enfrentaría conflictos de intereses, integran el gabinete económico de Felipe Calderón. A partir del 1 de diciembre fungirán como secretarios de Hacienda Agustín Carstens; de Economía, Eduardo Sojo Garza-Aldape; de Energía Georgina Kessel Martínez; de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler; de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón y de Turismo continuará Rodolfo Elizondo. Para el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, el gabinete económico de Felipe Calderón es mucho más conservador que el de la administración foxista.
El mandatario capitalino dijo que se trata del mismo grupo que se ha venido formado desde el gobierno de Miguel de la Madrid, lo cual demuestra que no hay ninguna intención de hacer un cambio en el modelo económico que ha generado tantas desigualdades en el país. “Es más de lo mismo, es la consolidación de un proyecto neoliberal que, a mi juicio, ha fracasado en el país”, apuntó.
En un acto sencillo que duró apenas 38 minutos, Calderón presentó, leyó la currícula de quienes dentro de ocho días serán los titulares del área económica y hasta justificó la ausencia de Elizondo, porque -según explicó- se encontraba de gira por Japón inaugurando el vuelo director México-Tijuana de una aerolínea nacional.
En este primer paquete de nombramientos tampoco se cumplió la promesa del michoacano de integrar un gobierno de coalición, porque ninguno de los designados llega con los votos de legisladores bajo el brazo.
Con Kessel, la novedad en la baraja de seis futuros secretarios de Estado se repitió la historia del gobierno de Vicente Fox en cuanto a nombrar a alguien de corta experiencia en el tema energético. Los últimos cuatro años fue directora de la Casa de Moneda de México y ha ocupado puestos pero no de primer nivel en este campo.
Con el nombramiento de Carstens simplemente se formalizó lo que ya se había perfilado desde hace semanas a partir de su incorporación al equipo de transición como coordinador del área económica. Lozano será otro futuro funcionario que hizo su carrera en las filas del PRI. Este egresado de la Escuela Libre fue vocero de Francisco Labastida Ochoa y en el gobierno de Ernesto Zedillo ocupó diversos cargos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el más importante como subsecretario. Sojo Garza Aldape es el único funcionario más cercano a Fox, con quien trabajó desde el gobierno Guanajuato. Elizondo es el único panista incluido en el gabinete económico.
En referencia a los nombres anunciados para el gabinete responsable de la economía en el gobierno de Felipe Calderón, el escritor Carlos Monsiváis manifestó que el término “reciclamiento forma parte de las consideraciones ideológicas del día de hoy”, por lo que no le extrañaría, “con todo respeto para la institución y para la persona, que en algún sexenio próximo, Vicente Fox fuese secretario de Educación”.
miércoles, 22 de noviembre de 2006
El gabinete económico anunciado por Felipe Calderón es mucho más conservador que el de la administración foxista
MEXICO, D.F., 21 de noviembre (LA JORNADA).- Ex funcionarios como el del gobierno de Ernesto Zedillo, formados todos ellos en universidades privadas, con trayectorias de preponderancia tecnocrática y otros como Luis Téllez vinculado a diversas empresas privadas transnacionales con lo que enfrentaría conflictos de intereses, integran el gabinete económico de Felipe Calderón. A partir del 1 de diciembre fungirán como secretarios de Hacienda Agustín Carstens; de Economía, Eduardo Sojo Garza-Aldape; de Energía Georgina Kessel Martínez; de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler; de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón y de Turismo continuará Rodolfo Elizondo. Para el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas Rodríguez, el gabinete económico de Felipe Calderón es mucho más conservador que el de la administración foxista.
El mandatario capitalino dijo que se trata del mismo grupo que se ha venido formado desde el gobierno de Miguel de la Madrid, lo cual demuestra que no hay ninguna intención de hacer un cambio en el modelo económico que ha generado tantas desigualdades en el país. “Es más de lo mismo, es la consolidación de un proyecto neoliberal que, a mi juicio, ha fracasado en el país”, apuntó.
En un acto sencillo que duró apenas 38 minutos, Calderón presentó, leyó la currícula de quienes dentro de ocho días serán los titulares del área económica y hasta justificó la ausencia de Elizondo, porque -según explicó- se encontraba de gira por Japón inaugurando el vuelo director México-Tijuana de una aerolínea nacional.
En este primer paquete de nombramientos tampoco se cumplió la promesa del michoacano de integrar un gobierno de coalición, porque ninguno de los designados llega con los votos de legisladores bajo el brazo.
Con Kessel, la novedad en la baraja de seis futuros secretarios de Estado se repitió la historia del gobierno de Vicente Fox en cuanto a nombrar a alguien de corta experiencia en el tema energético. Los últimos cuatro años fue directora de la Casa de Moneda de México y ha ocupado puestos pero no de primer nivel en este campo.
Con el nombramiento de Carstens simplemente se formalizó lo que ya se había perfilado desde hace semanas a partir de su incorporación al equipo de transición como coordinador del área económica. Lozano será otro futuro funcionario que hizo su carrera en las filas del PRI. Este egresado de la Escuela Libre fue vocero de Francisco Labastida Ochoa y en el gobierno de Ernesto Zedillo ocupó diversos cargos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el más importante como subsecretario. Sojo Garza Aldape es el único funcionario más cercano a Fox, con quien trabajó desde el gobierno Guanajuato. Elizondo es el único panista incluido en el gabinete económico.
En referencia a los nombres anunciados para el gabinete responsable de la economía en el gobierno de Felipe Calderón, el escritor Carlos Monsiváis manifestó que el término “reciclamiento forma parte de las consideraciones ideológicas del día de hoy”, por lo que no le extrañaría, “con todo respeto para la institución y para la persona, que en algún sexenio próximo, Vicente Fox fuese secretario de Educación”.
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