El texto que impulsarán las fracciones parlamentarias del PRD, PT y Convergencia, contempla las propuesta planteadas durante la pasada campaña presidencial
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Francisco Reséndiz
El Universal
Ciudad de méxico
Miércoles 25 de octubre de 2006
14:11 Sin la presencia de Andrés Manuel López Obrador, organizaciones sociales y los partidos de la Revolución democrática, del Trabajo y Convergencia presentaron el decálogo del Frente Amplio Progresista que impulsarán en el Congreso de la Unión para concretar las propuestas planteadas durante la pasada campaña presidencial.
Manuel Camacho Solís aclaró que a pesar del fraude electoral no se debe perder la gran votación que alcanzó el proyecto alternativo de nación.
"Es tan bien la única oportunidad de democracia frente a un régimen que se sostiene por la corrupción, la impunidad, el cerco informativo, y la manipulación de las elecciones.
"Para impulsar hoy un cambio verdadero a favor de la justicia y la democracia, se requiere: firmeza en la oposición, capacidad política para ganar la iniciativa y determinación para alcanzar acuerdos que protegen a las mayorías".
El decálogo que impulsarán las fracciones parlamentarias del PRD, PT y Convergencia como Frente Amplio en el Congreso de la Unión contemplan una reforma política de fondo, la cual plantea una reforma electoral para garantizar la equidad de los procesos electorales, asegurando que los consejeros del IFE y los magistrados del Tribunal Electoral sean independientes y profesionales.
Asimismo, fortalecer los mecanismos de fiscalización del IFE, terminar con la congeladora en el Congreso, concretar una reforma laboral que respete la autonomía sindical, introducir la democracia participativa y derogar la llamada ley Televisa.
El segundo punto del decálogo del Frente se enfoca al ámbito económico, "sin regresar al proteccionismo del pasado ni poner en riesgo la estabilidad fiscal". Se plantea una reforma a la ley del Banco de México, disminuir la dependencia del fisco de los ingresos petroleros, eliminar los privilegios fiscales del ISR, reorientar el gasto público de inversión de infraestructura al gasto social, disminuir los excesos de la alta burocracia y disminuir el gasto corriente.
El tercer punto se refiere a justicia social, el cual pone énfasis en la necesidad de establecer un sistema de seguridad social universal y políticas distributivas de mayor profundidad.
"La privatización de la salud y la seguridad social aumentarían la desigualdad". Se manifiesta por garantizar la atención alimenticia para adultos mayores de 70 años.
En materia de educación subraya que es prioritario asegurar el acceso a la educación pública, laica y gratuita en todos los niveles y mejorar su calidad. Uno de sus objetivos será ampliar a 18 años la educación obligatoria.
En ésta sección de la agenda del Frente Amplio destaca la necesidad del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y consolidar una reforma constitucional que reconozca los derechos de los pueblos indígenas.
El cuarto rubro de la agenda del Frente Amplio Progresista se refiere al impulso de la ciencia y tecnología así como la preservación del patrimonio cultural. Subraya que es indispensable canalizar mayores recursos a la ciencia y tecnología a fin de revertir una situación que lleva a México a estar excluido de la economía del conocimiento.
El quinto apartado de la agenda legislativa versa sobre el sector energético. Aquí, ratifican su rechazo a la privatización de las industrias petroleras y eléctricas en cualquiera de sus modalidades, y rescatar a Pemex, CFE y la Compañía de luz mediante el cambio de su régimen fiscal, su autonomía administrativa, austeridad y combate a la corrupción.
El sexto rubro de la agenda, se refiere a la reforma integral del sistema de justicia y seguridad pública. En este punto, dan a conocer que presentaran un reforma constitucional para garantizar la autonomía del Ministerio Público, crear un Código Penal único para todo el país, dar autonomía la Consejo de la Judicatura y establecer el Tribunal Constitucional de la Federación.
El punto siete de la agenda se refiere al combate a la corrupción, impulsar la austeridad, el combate al tráfico de influencia y a los conflictos de interés.
El octavo apartado de la agenda del Frente Amplio aborda impulsar el federalismo y la autonomía municipal mediante un rediseño del régimen federal, además de darle al Distrito Federal una constitución propia, como las que tienen el resto de los estados del país.
El noveno punto se refiere a la revisión integral de la Constitución, a fin de lograr "una nueva constitucionalidad" para iniciar ese proceso propusieron: la creación de una comisión congresional "con la más alta representación que tenga como objetivo presentar el proyecto de la nueva constitucionalidad". O el establecimiento de un consejo constitucional, con participación de legisladores federales y locales, representantes de los partidos, de los municipios y entidades federativas, así como expertos y personalidades y representantes de la sociedad civil. O la convocatoria a un congreso constituyente.
El último punto del decálogo, se refiere a recuperar una política exterior de acuerdo a los principios que establece la constitución y como instrumento de la defensa y promoción de los intereses de los mexicanos en el extranjero. Aquí, el Frente Amplio se manifiesta por una reforma constitucional para que la política exterior sea detenida por el presidente de la República y el Senado, siendo la Cámara Alta quien ratifique al secretario de Relaciones Exteriores.
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