El camino de la insensatez

El camino de la insensatez
Francisco Valdés Ugalde
15 de octubre de 2006

En política, la insensatez es la madre de los peores desastres. Graves acontecimientos de la historia dan cuenta de ello. Vaya un puñado de ejemplos: la humillante remoción de Richard Nixon, la tardía sucesión de Chamberlain por Churchill, el intento soviético de instalar misiles en Cuba, la invasión estadounidense de Irak, la infundada confianza de Salvador Allende en Augusto Pinochet o la de Francisco I. Madero en las "instituciones republicanas". Son todas situaciones en las que la apreciación razonable de la realidad faltó para adecuar la política y evitar tragedias o conflictos que colocaron a países, regiones o a la humanidad al borde del abismo.

Guardada toda proporción con estos ejemplos históricos, Oaxaca presenta un teatro para el estudio minucioso de la insensatez política. Un conflicto social desatado por inconformidades desatendidas largo tiempo al que se suman variados oportunismos típicos de los "movimientos espontáneos"; un gobernador que supo jugar primero a la represión que a la gobernación; un Poder Legislativo estatal de lenta reacción incapaz de ponerse a la altura de las circunstancias para ofrecer salidas creíbles; un gobierno federal que, una vez más, sustituye la negociación por mesas de conversación.

Todo esto en un panorama en que los actores clave para destrabar el conflicto se ven envueltos en una danza para buscar acuerdos que, independientemente de que pudiesen llevar a una salida, resultan de un entramado institucional que en lugar de simplificar y facilitar la negociación y el acuerdo, los dificulta y ofrece casamatas para el atrincheramiento de los intereses más encontrados con el consiguiente estancamiento.

El origen remoto del conflicto está en la capacidad de la sección 22 del SNTE para llevar adelante una posición de autonomía dentro de su organización nacional de manera combativa y disidente. Su fuente cercana está en una combinación de coyuntura: la exigencia que presentaron los maestros para la rezonificación, que implica la disponibilidad de mayores recursos en el presupuesto educativo del estado, la política de censura del gobernador al diario Noticias de Oaxaca, el bloqueo del centro de la histórica ciudad y la represión por las fuerzas policiales del estado.

Una vez que el conflicto se cristalizó en el bloqueo de Oaxaca, en el fracaso de la represión para levantarlo, y en la exigencia de salida de Ulises Ruiz como condición para el diálogo y la negociación, el Ejecutivo federal, por vía de la Secretaría de Gobernación, ha intentado el diálogo para encontrar soluciones sin conseguirlo aún. Hasta ahora, todas las opciones se basan en el falso supuesto que la renuncia del gobernador no debe ser incluida en la solución del conflicto.

¿Qué hay detrás de este último factor? Desde luego, la insensatez del propio Ulises Ruiz que se resiste a la evidencia de que, a medida que el conflicto crece y se prolonga, su gobierno difícilmente será un interlocutor válido en la ulterior solución de los problemas a los que conducirá la administración del eventual acuerdo de las partes, entre las que, por cierto, ha dejado de estar presente el propio gobernador.

Pero hay algo más. El gobierno federal y el PAN tienen las manos atadas por su necesidad de mantener la interlocución parlamentaria con el PRI. Si el Presidente ejerciera la presión, que está en sus manos aplicar, para que el gobernador presentase su renuncia, el PRI desertaría de los acuerdos para construir una mayoría en el Congreso.

Debe notarse que este acorralamiento no es sólo resultado de afinidades entre ambos partidos políticos, sino del aislamiento voluntario del PRD ante el PAN por los reclamos postelectorales. Más allá de su postura política, el PRD está dejando la cancha como segunda fuerza política y le entrega al PRI el poder de convertirse en la bisagra legislativa.

Si la condición que este partido impone es que su militante no deje la gubernatura, entonces el encargado de la gobernación nacional se ve obligado a encontrar fórmulas que no incluyan su salida. Desde luego, esto se disfraza con la excusa de que no corresponde al gobierno federal defenestrar un gobernador sino, en todo caso, al Senado. Y aun a esto último se puede contraponer que el artículo 76 constitucional no faculta al Senado para desaparecer poderes en un estado sino, como señala la fracción quinta, únicamente "declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional".

Pero aún hay más. Bajo esta atadura del PAN y el gobierno se esconde el verdadero problema que caracteriza la crisis política de México: la incapacidad para generar gobernabilidad en un marco de pluralidad distribuida de tal forma que nadie puede imponer su hegemonía. El problema no consiste solamente en que no haya mayoría congresual del partido de gobierno, sino en la crisis de un sistema hegemónico que los actores fundamentales de la política se rehúsan a cambiar, condición necesaria para hacerlo gobernable bajo condiciones de pluralidad democrática aún y a pesar de la ausencia de una mayoría monocolor. Las crisis de hegemonía sólo se resuelven de dos maneras: o con una nueva hegemonía o con un cambio de sistema que funcione sin necesidad de ella. Ahí está el dilema.

Los brincos que dan los actores en la crisis de Oaxaca derivan de que el suelo de las reglas de gobernabilidad, tanto reales como formales, está muy disparejo y nadie se atreve a nivelarlo; a ponerle el cascabel al gato. En consecuencia, se ensancha el camino hacia la insensatez política, que puede llegar, con crisis aquí y allá, a menoscabar la capacidad conductora y pacificadora del estado.

ugalde@servidor.unam.mx

Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM